Nacionalistas y EB llevarán esta demanda al debate parlamentario a través de una proposición no de ley en la que, además, reclaman al Gobierno del PSOE la derogación de la Ley Antiterrorista y la incomunicación, y el reconocimiento de la existencia de torturas. Asimismo, piden a la Audiencia Nacional que archive todos los procedimientos judiciales "donde se haya aplicado tortura e incomunicación a los detenidos".
Los grupos proponentes quieren que esta iniciativa sea debatida en pleno de forma urgente y, en todo caso, antes de que concluya el presente mes de noviembre porque, según argumentan, la Audiencia Nacional comenzará a juzgar los días 4 y 5 de diciembre a 13 personas con residencia en Alava que denunciaron en su día torturas. Entre las personas que serán juzgadas se encuentra Unai Romano.
PNV, EA, EB y Aralar justifican su propuesta a partir de la premisa de que las denuncias de torturas por parte de detenidos sometidos a incomunicación son frecuentes y los informes de organizaciones internacionales como el Relator de las Naciones Unidas contra la Tortura o Amnistía Internacional que recogen dichas denuncias. Informes, añaden, que coinciden en la necesidad de acabar con "esta lacra incompatible con un estado de derecho democrático".
Torturas
Además, subrayan el tripartito y Aralar, "hoy en día siguen abiertos procesos judiciales en la Audiencia Nacional que están afectados por denuncias de torturas sufridas por las personas que están siendo procesadas". Este diagnóstico lleva a estos cuatro grupos políticos a promover el debate sobre una proposición no de ley que plantea cinco medidas.
La primera consiste en pedir al Gobierno de España la derogación de la Ley Antiterrorista y el régimen de incomunicación, y la segunda exigir a Madrid la desaparición de la Audiencia Nacional como "tribunal especial que no hace efectivas las garantías procesales". Una falta de garantías, sostienen nacionalistas y EB, que se hace más patente "cuando se admiten declaraciones obtenidas bajo torturas y se aplica la denominada justicia del enemigo".
Tripartito y Aralar quieren también que el Parlamento vasco solicite formalmente a la Audiencia Nacional la suspensión y el archivo de todos los procedimientos judiciales "donde se haya aplicado tortura e incomunicación a los detenidos" y reclame al Gobierno de Zapatero que "reconozca políticamente la existencia de torturas y su aplicación en algunos casos de forma sistemática" como vía de resarcir a los afectados por estas prácticas. Finalmente, estos partidos expresan su solidaridad "a los afectados por estas prácticas" y se comprometen a "cuanto acompañamiento en este sentido sea necesario".
