Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitoria presentarán a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Álava las conclusiones definitivas de la comisión de irregularidades urbanísticas sobre Ali e Ibaiondo, por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito.
Los grupos de la oposición han propuesto que las conclusiones definitivas se sometan a votación este viernes, que de ser aprobadas en sesión plenaria, se remitirán a la Fiscalía el lunes siguiente.
El presidente de la Comisión de Irregularidades Urbanísticas, Unai Grajales (PNV), ha presentado hoy las conclusiones definitivas de este órgano de trabajo, tras varios meses de investigación en torno a la existencia de presuntas irregularidades urbanísticas en sendas promociones de chalés en Ali e Ibaiondo.
"Indicios suficientes y claros"
En el texto se estima que existen "indicios suficientes y claros de graves irregularidades" en los dos casos y que "las actuaciones y decisiones adoptadas por los responsables políticos implicados en los casos de Ali e Ibaiondo contienen indicios suficientes para considerarlas contrarias a Derecho y presuntamente constitutivas de algún tipo de delito tipificado en el Código Penal".
Asimismo, los grupos de la oposición exigen al Gobierno Municipal que inicie los procedimientos necesarios para la reposición de la legalidad tanto en Ali como en Ibaiondo, así como para restaurar el daño patrimonial causado al Ayuntamiento de Vitoria.
Finalmente, reprueban "con severidad" la actuación de los responsables políticos del Departamento de Urbanismo, concretamente, "del concejal delegado y el director, por su actuación absolutamente inadecuada e improcedente, de todo punto irregular y que ha perjudicado gravemente el interés general, favoreciendo los intereses económicos de terceros en su relación con el Ayuntamiento de Vitoria".
"Decenas de irregularidades"
En las conclusiones de la comisión, se recoge un resumen de las "decenas de irregularidades cometidas por el concejal de Urbanismo", Jorge Ibarrondo, y denunciadas por el jefe de Edificaciones.
Entre ellas, la concesión de licencias sin los preceptivos informes técnicos y jurídicos, o sin haberse concedido la licencia de actividad.
Respecto al sobreprecio que se cobró a los propietarios de los chalés de Ibaiondo, la comisión ha concluido que sólo el pleno del Ayuntamiento tenía competencia para modificar el pliego de condiciones.
Por tanto, según la comisión, "nos encontramos ante un supuesto de enriquecimiento injusto por parte de la empresa constructora, Opacua, favorecido y beneficiado por las decisiones adoptadas unilateralmente por el concejal Jorge Ibarrondo".
En el caso de Ali, las conclusiones definitivas de la comisión afirman que la parcela sólo podía soportar la edificación de seis viviendas y no siete, por tanto, "la concesión de la licencia de obra firmada por Ibarrondo no es adecuada a Derecho".
Finalmente, en las conclusiones definitivas se denuncia que "ha existido un intento flagrante de obstaculizar los trabajos de la comisión, que debieran haber concluido mucho antes, dada la negativa del concejal de Urbanismo a comparecer y de las reiteradas declaraciones del Gobierno en este sentido".
