Un tribunal de Argentina ha declarado hoy "inconstitucionales" los indultos que beneficiaron en 1990 a Jorge Videla y Emilio Massera, dos de los tres militares que lideraron el golpe de Estado que en 1976 dio comienzo a una dictadura que se extendió hasta 1983, según fuentes judiciales.
La resolución de la Cámara en lo Criminal Federal supone que recobran vigencia las penas de reclusión perpetua impuestas en 1985 a los ex jerarcas del último gobierno de facto. El fallo plenario del tribunal sostiene que "los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón".
Desde la anulación en 2003 de las denominadas "leyes del perdón" a represores de la dictadura, varios jueces han declarado inconstitucionales los indultos decretados en su día por el entonces presidente Carlos Ménem (1989-1999).
El indulto a Videla, el primer presidente de la última dictadura, había sido anulado en septiembre del año pasado por el juez Norberto Oyarbide en una causa que investiga el secuestro de dos empresarios entre 1976 y 1977.
En ese expediente, Oyarbide también decretó la inconstitucionalidad de los perdones otorgados a los ministros de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz (Economía) y Albano Harguindeguy (Interior).
Massera fue declarado "incapaz"
La decisión fue tomada ante el recurso presentado por la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre contra el decreto presidencial firmado por Menem en 1990.
La norma había beneficiado a Videla, Massera y Orlando Agosti, el otro integrante del triunvirato militar protagonista del golpe de 1976, así como al ex presidente de facto Roberto Viola y Armando Lambruschini, comandante de la Armada entre 1978 y 1981.
Agosti, Viola y Lambruschini han fallecido y Massera fue declarado "incapaz" porque se consideró que con su actual estado de salud no puede ejercer su derecho de defensa en juicio.
La Cámara agrega que el decreto de Menem se contradice con tratados internacionales suscritos por Argentina que imponen el deber de investigar y penalizar las violaciones de los derechos humanos y la garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
