El Ejecutivo que preside en funciones Ramón Rabanera aprobó ayer un decreto que modifica el «histórico» de 2003 para adaptarlo a la legislación estatal de 2006. Domaica califica de esa manera la resolución foral de hace cuatro años porque «es la base de la actual Ley de Dependencia que, en realidad, se basa en el modelo alavés».
La titular de Asuntos Sociales enumeró hasta tres ventajas fundamentales que disfrutarán los beneficiarios de la provincia con respecto a los del resto de España. Se refirió a la desaparición del requisito de edad, que obligaba a solicitar las ayudas para dependientes mayores de sesenta años. «Ahora valoraremos a las personas no por los años que tengan. Alguien de veinte, por ejemplo, podrá acceder a las subvenciones si se le valora como persona dependiente».
Además, los afectados del territorio histórico, al margen de su grado de dependencia 1, 2 ó 3 -moderada, severa o gran dependencia-, podrán acceder a las cantidades económicas para ingresar en residencias privadas mientras encuentran plaza en la red pública. Las cuantías se establecen en 487, 585 y 780 euros mensuales, respectivamente. «En el Estado sólo cobrarán la ayuda este año los dependientes del máximo grado, pero nosotros universalizamos las ayudas para que quien quiera costearse una residencia privada, al margen del grado que tenga, pueda hacerlo. La Ley estatal obliga a esperar a los menos necesitados hasta el año 2015».
Para completar el abanico de ventajas que según Domaica tienen los implicados alaveses con respecto al resto, la Diputación garantiza que los actuales beneficiarios no perderán dinero o, dicho de otro modo, que se les aseguran los derechos adquiridos. «Si una persona percibía en Álava la máxima subvención para costearse una residencia privada porque estaba catalogado como dependiente de grado 3 y con las nuevas valoraciones pasa a 2, seguirá cobrando como 3».
En la actualidad, un total de 165 alaveses perciben ayudas económicas para este fin, que suponen un millón de euros a las arcas forales. La previsión de Asuntos Sociales es que a finales de este año aumenten los beneficiarios hasta cuatrocientos, lo que implicará un coste de dos millones de euros.
Ritmo de valoraciones
Desde finales de abril, la Diputación ha recibido 1.998 solicitudes de personas que quieren valorar su nivel de dependencia. Se han resuelto ya 1.263, de las que la mitad (635) han resultado de grado 3. Otras 305 presentan una dependencia severa y las 290 restantes evaluadas hasta la fecha, una moderada.









