ÁLAVA
Los juzgados alaveses han abierto desde enero 297 diligencias por delitos relacionados con el tráfico
La Fiscalía endurece su lucha contra quienes ponen en riesgo la vida de otros y la seguridad vial
04.07.07 -
INVESTIGACIÓN ABIERTA. La Fiscalía trata de averiguar si existió «alguna conducta imprudente» en el choque múltiple que costó la vida a un joven el pasado 24 de mayo en la N-1, en Salvatierra. / B. CASTILLO
LOS DATOS
La lucha contra los conductores que infringen las normas y ponen en riesgo la vida de otras personas se ha convertido en un objetivo prioritario de la Fiscalía alavesa, que cuenta desde marzo con un fiscal delegado de seguridad vial. Y es que el Gobierno se ha propuesto reducir las elevadas cifras de siniestralidad a través de un «tratamiento penal más duro» para ese tipo de conductas, y de un «agravamiento» de las penas. Así lo pone de manifiesto Manuel Pedreira, el fiscal que encarna esa figura en el territorio. Fruto de esa nueva política, los juzgados alaveses han abierto ya 297 diligencias penales por delitos relacionados con el tráfico en el primer semestre de 2007, lo que supone el 58,6% de las tramitadas en el conjunto del año pasado.
La inmensa mayoría de esas causas corresponde a alcoholemias. En concreto, en sólo seis meses se han registrado ya 289 casos, frente a los 489 de 2006. Las restantes se refieren a conducción temeraria (cuatro frente a los quince del año pasado), y a delitos de desobediencia grave por negativa a someterse a pruebas de alcoholemia o de detección de consumo de estupefacientes (otras cuatro diligencias, dos más que todas las tramitadas el anterior ejercicio).
Sin embargo, las medidas gubernamentales -incluidas las instrucciones de la Fiscalía General del Estado y la implantación del carné por puntos- no han podido evitar las muertes en las carreteras alavesas. Según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, doce personas han perdido la vida desde el 1 de enero, lo que supone una media de dos fallecimientos al mes. De mantenerse esa tendencia en el próximo semestre, a final de año se habrán superado las 21 víctimas mortales contabilizadas en 2006.
Nuevos criterios
Manuel Pedreira se afana desde hace cuatro meses por rebajar esa trágica estadística, castigar a quienes provocan accidentes y velar por los derechos de los afectados. Para ello, coordina las actuaciones de la Fiscalía con las de la Policía y la Jefatura Provincial de Tráfico, así como las del resto de los fiscales dentro de la vida judicial.
Y todo ello, según explica, con arreglo a nuevos «criterios acerca de la gravedad» de los hechos. Así, ya se ha empezado a ejercer un «mayor control» sobre «conductas de conducción temeraria que matan o ponen en riesgo a terceras personas», como «velocidad excesiva, maniobras de zig-zag en carriles o carreras de coches, como las detectadas ya por la Policía» en las inmediaciones del pabellón Buesa Arena», recalca.
«Hasta hace unos meses, la mayoría de los accidentes se resolvían mediante juicios de faltas e indemnizaciones de compañías de seguros. En cambio, ahora se tiene más cuidado en investigar y comprobar si los conductores implicados han cometido delitos de imprudencia, de lesiones imprudentes e incluso de homicidio», agrega Pedreira.
Además, ya se formula acusación penal contra aquellos conductores que arrojan tasas de alcoholemia superiores a los 0,6 miligramos por litro de aire espirado, y se reclaman condenas de hasta seis meses de prisión para los reincidentes. Asimismo, quienes son sorprendidos al volante bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes afrontan también multas y penas de hasta cuatro años de retirada de la licencia para conducir vehículos.
El hecho «no habitual» de que dos personas ingresaran en prisión preventiva el mes pasado por hechos de esa naturaleza muestra a las claras la intención de la Fiscalía de poner en jaque a los conductores que infrinjan la ley. El primero de esos casos ocurrió el 2 de junio. Un individuo protagonizó «un accidente sin heridos en la calle Sancho el Sabio, en Vitoria, después de ser perseguido por la Ertzaintza desde Durango». Ha sido acusado de «conducción homicida», apunta Pedreira. El segundo se produjo veintisiete días después. Un hombre que había sido condenado en varias ocasiones por alcoholemia fue detenido por la misma causa en la Avenida del Mediterráneo.
La nueva política del Ministerio Fiscal en esta materia es sólo el prólogo de la reforma legal que se avecina para tratar de aumentar la seguridad en las carreteras. No en vano, se ha constatado que el número de víctimas que ocasionan los accidentes de tráfico «supera» al generado cada año por el conjunto de las figuras delictivas incluidas en el Código Penal vigente.
La inmensa mayoría de esas causas corresponde a alcoholemias. En concreto, en sólo seis meses se han registrado ya 289 casos, frente a los 489 de 2006. Las restantes se refieren a conducción temeraria (cuatro frente a los quince del año pasado), y a delitos de desobediencia grave por negativa a someterse a pruebas de alcoholemia o de detección de consumo de estupefacientes (otras cuatro diligencias, dos más que todas las tramitadas el anterior ejercicio).
Sin embargo, las medidas gubernamentales -incluidas las instrucciones de la Fiscalía General del Estado y la implantación del carné por puntos- no han podido evitar las muertes en las carreteras alavesas. Según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico, doce personas han perdido la vida desde el 1 de enero, lo que supone una media de dos fallecimientos al mes. De mantenerse esa tendencia en el próximo semestre, a final de año se habrán superado las 21 víctimas mortales contabilizadas en 2006.
Nuevos criterios
Manuel Pedreira se afana desde hace cuatro meses por rebajar esa trágica estadística, castigar a quienes provocan accidentes y velar por los derechos de los afectados. Para ello, coordina las actuaciones de la Fiscalía con las de la Policía y la Jefatura Provincial de Tráfico, así como las del resto de los fiscales dentro de la vida judicial.
Y todo ello, según explica, con arreglo a nuevos «criterios acerca de la gravedad» de los hechos. Así, ya se ha empezado a ejercer un «mayor control» sobre «conductas de conducción temeraria que matan o ponen en riesgo a terceras personas», como «velocidad excesiva, maniobras de zig-zag en carriles o carreras de coches, como las detectadas ya por la Policía» en las inmediaciones del pabellón Buesa Arena», recalca.
«Hasta hace unos meses, la mayoría de los accidentes se resolvían mediante juicios de faltas e indemnizaciones de compañías de seguros. En cambio, ahora se tiene más cuidado en investigar y comprobar si los conductores implicados han cometido delitos de imprudencia, de lesiones imprudentes e incluso de homicidio», agrega Pedreira.
Además, ya se formula acusación penal contra aquellos conductores que arrojan tasas de alcoholemia superiores a los 0,6 miligramos por litro de aire espirado, y se reclaman condenas de hasta seis meses de prisión para los reincidentes. Asimismo, quienes son sorprendidos al volante bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes afrontan también multas y penas de hasta cuatro años de retirada de la licencia para conducir vehículos.
El hecho «no habitual» de que dos personas ingresaran en prisión preventiva el mes pasado por hechos de esa naturaleza muestra a las claras la intención de la Fiscalía de poner en jaque a los conductores que infrinjan la ley. El primero de esos casos ocurrió el 2 de junio. Un individuo protagonizó «un accidente sin heridos en la calle Sancho el Sabio, en Vitoria, después de ser perseguido por la Ertzaintza desde Durango». Ha sido acusado de «conducción homicida», apunta Pedreira. El segundo se produjo veintisiete días después. Un hombre que había sido condenado en varias ocasiones por alcoholemia fue detenido por la misma causa en la Avenida del Mediterráneo.
La nueva política del Ministerio Fiscal en esta materia es sólo el prólogo de la reforma legal que se avecina para tratar de aumentar la seguridad en las carreteras. No en vano, se ha constatado que el número de víctimas que ocasionan los accidentes de tráfico «supera» al generado cada año por el conjunto de las figuras delictivas incluidas en el Código Penal vigente.
