ÁLAVA
La reforma legal que impulsa el Gobierno agravará las condenas
Las imprudencias que causen muertes serán delito y se castigarán con hasta 4 años de cárcel
04.07.07 -
Los criterios que ya ha empezado a aplicar la Fiscalía alavesa son los mismos que presiden la reforma legal que impulsa el Gobierno con el objetivo de agravar las condenas a los conductores imprudentes y a los que, de forma consciente, se manejan en las carreteras «con un evidente desprecio por la vida ajena», señala el fiscal Manuel Pedreira.
La futura normativa, que se abordará como ley orgánica, podría aprobarse a final de año. Una de sus grandes novedades será, sin duda, la tramitación de los accidentes que ocasionen muertes como «delito de homicidio por imprudencia» y no como falta, como ocurre ahora. A los culpables se les impondrán penas de entre 6 meses y dos años de cárcel, si su conducta se considera leves, y de entre dos y cuatro, si entiende grave.
Además, «se va a objetivar en seis miligramos la cantidad de alcohol que merma las facultades del conductor y genera riesgo». A partir de esa cifra, a los infractores se les imputará un delito contra la seguridad del tráfico, penado con prisión y retirada del carné durante un máximo de cuatro años. «Si esa última condena rebasa los dos años, el acusado perderá la licencia de conducir y deberá pasar por todo el proceso que se exige para obtenerlo», indica el propio Pedreira.
Quienes se nieguen a someterse a pruebas de alcoholemia o de detección de consumo de drogas cometerán un «delito de desobediencia grave», que llevará aparejadas penas de entre seis meses y un año de prisión y retirada del carné durante un máximo de cuatro. Y las personas privadas de licencia de conducir que sean sorprendidas al volante serán acusadas de quebrantamiento de condena y afrontarán condenas de prisión, multa y se les retirará el carné durante un periodo de entre uno y seis años.
También se sancionará penalmente a quienes conduzcan tras haber sido privados de los puntos.
«Por otra parte, la Fiscalía velará por los derechos de las víctimas de accidentes que sufran lesiones graves», asegura Manuel Pedreira.
La futura normativa, que se abordará como ley orgánica, podría aprobarse a final de año. Una de sus grandes novedades será, sin duda, la tramitación de los accidentes que ocasionen muertes como «delito de homicidio por imprudencia» y no como falta, como ocurre ahora. A los culpables se les impondrán penas de entre 6 meses y dos años de cárcel, si su conducta se considera leves, y de entre dos y cuatro, si entiende grave.
Además, «se va a objetivar en seis miligramos la cantidad de alcohol que merma las facultades del conductor y genera riesgo». A partir de esa cifra, a los infractores se les imputará un delito contra la seguridad del tráfico, penado con prisión y retirada del carné durante un máximo de cuatro años. «Si esa última condena rebasa los dos años, el acusado perderá la licencia de conducir y deberá pasar por todo el proceso que se exige para obtenerlo», indica el propio Pedreira.
Quienes se nieguen a someterse a pruebas de alcoholemia o de detección de consumo de drogas cometerán un «delito de desobediencia grave», que llevará aparejadas penas de entre seis meses y un año de prisión y retirada del carné durante un máximo de cuatro. Y las personas privadas de licencia de conducir que sean sorprendidas al volante serán acusadas de quebrantamiento de condena y afrontarán condenas de prisión, multa y se les retirará el carné durante un periodo de entre uno y seis años.
También se sancionará penalmente a quienes conduzcan tras haber sido privados de los puntos.
«Por otra parte, la Fiscalía velará por los derechos de las víctimas de accidentes que sufran lesiones graves», asegura Manuel Pedreira.
