
LOS PASOS
La maquinaria albiazul, engrasada por el asesor jurídico Javier Tebas, se movió ayer con celeridad. A primera hora de la mañana se entregó la documentación en el juzgado -con todo tipo de información económica, patrimonio y lista de acreedores- y antes del mediodía el club recibió un fax desde el Palacio de Justicia. En él se indicaba que el informe alavesista había llegado al juzgado correspondiente.
A partir de ahí, el Alavés aguarda una respuesta de la juez encargada del caso. En principio y con una deuda declarada de 23 millones de euros y multitud de denuncias y embargos pendientes, el club albiazul considera asegurado que su petición será admitida a trámite. Fuentes alavesistas confían en que la aceptación de la intervención judicial se produzca en los próximos días, con un plazo máximo de una semana.
Margen de maniobra
Y es que esta vía no es sólo la solución de urgencia para los problemas económicos de la entidad, si no que prácticamente se convertirá también en el punto final al espinoso traspaso de poderes en el Alavés. Tras el fallido intento de buscar financiación a través de créditos, el grupo de Ortiz de Zárate aguardará a que la jueza decrete la intervención judicial para firmar la compra-venta de las acciones pactada con Piterman. Es decir, aguardarán a que el inicio del proceso concursal les permita entrar en el club vitoriano con cierto margen de maniobra, aunque siempre bajo la supervisión judicial.
Cuando se acepte el concurso, la juez nombrará a tres administradores -un abogado, un auditor de cuentas y un acreedor- que fiscalizarán las actuaciones de los consejeros de la sociedad. No obstante, el grupo que lidera Ortiz de Zárate podrá mantener la gestión del club. Claro que con la obligación de cuadrar ingresos y gastos sin la más mínima desviación. Entretanto, el concurso permitirá lograr la reducción de la deuda y aplazar los pagos.
De este modo se congelará el efecto de las denuncias de los jugadores ante la AFE y el posible descenso de categoría por impagos. En definitiva, una medida que protege al club de la desaparición y castiga a los futbolistas, así como a otros muchos acreedores, que verán mermadas notablemente sus reclamaciones pese a la existencia de contratos y facturas que demuestran los impagos. Un recorte en la plantilla deportiva y administrativa a través de un expediente de regulación de empleo es otra de las probables consecuencias.
f.r.esquide@diario-elcorreo.com





