El consejo de Gobierno -reunido ayer de forma excepcional en Berrozi (Álava), donde la Ertzaintza tiene una de sus bases- dio luz verde al proyecto, que, no obstante, no se presentará públicamente hasta pasado mañana. Serán el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, y la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, los encargados de dar a conocer los contenidos del proyecto.
El documento analiza la situación de los derechos civiles y políticos en el ámbito internacional y local, recalca que la seguridad «no puede ni debe» mermar el respeto a los derechos humanos y establece las «líneas rojas» que no deberían nunca traspasarse y que, a juicio del Ejecutivo de Vitoria, en Euskadi ya se han superado.
Así, el texto hace referencia no sólo a la ley que propició la ilegalización de Batasuna, sino también al procesamiento del lehendakari -el juez dio el viernes los últimos pasos para la apertura de juicio oral- y a los cierres de diarios como 'Egin' y 'Egunkaria'. El proyecto tiene su origen en el Plan de Paz impulsado por Ibarretxe en abril de 2006 y contempla la elaboración de sendos informes anuales sobre la aplicación de la normativa penal antiterrorista y sobre los efectos del cierre de medios de comunicación en Euskadi, así como un Pleno monográfico sobre libertades civiles y políticas.







