POLÍTICA
Zapatero entierra la vía del diálogo con ETA y anuncia que será «implacable»
«La responsabilidad de cuanto se ha hecho ha sido mía y la he ejercido con firmeza y convicción», dice el presidente del Gobierno antes de pedir unidad antiterrorista a los partidos
04.07.07 -
TRANQUILO. Zapatero camina desde su escaño hasta la tribuna de oradores. / EFE
«No hay vía posible para el diálogo. No hay margen alguno para intentarlo». José Luis Rodríguez Zapatero echó ayer un nuevo y pesado manto de tierra sobre cualquier intento de acabar con ETA a través de la negociación y garantizó que, en el «presente y el futuro», la respuesta a la amenaza terrorista será «implacable», para lo que reclamó la unidad de todos los demócratas. El jefe del Ejecutivo empleó su tono más contundente a fin de evitar que el debate sobre la política antiterrorista eclipsara, una vez más, su acción de gobierno y, sobre todo, para que su anuncio estrella pudiera brillar: las familias con residencia legal en España recibirán, a partir de este martes, 2.500 euros por cada hijo que nazca.
El gabinete de Zapatero sabe que la polémica sobre el Estatuto de Cataluña, primero, y el proceso de paz, después, hicieron que los logros económicos y los avances sociales de la legislatura quedaran cuanto menos difuminados. Esta vez, el presidente quiso aprovechar el debate sobre el Estado de la Nación para demostrar que su proyecto político ha sido beneficioso para España y no está agotado.
La referencia obligada a ETA fue breve -apenas tres páginas en un discurso de veintidós-, aunque más clara de lo que hasta ahora había sido habitual. Su objetivo era pasar página del episodio que más desgaste político le ha supuesto en estos tres años de legislatura, aun sin renegar de lo hecho. Defendió que el final dialogado de la violencia está reconocido en «todos los pactos» articulados por las fuerzas democráticas para hacer frente común al terrorismo y que cuantos le precedieron en el cargo creyeron en ella.
En ningún momento pronunció Zapatero la palabra proceso de paz. Al igual que José María Aznar tras la tregua de 1998, se refirió a su intento como «la decisión de explorar las posibilidades reales de negociar la disolución de la banda terrorista» después de que ésta hubiera declarado un alto el fuego. Y, además, aseguró que, mientras tanto, mantuvo en pleno funcionamiento los ejes fundamentales de la lucha antiterrorista: eficacia policial, normal funcionamiento de la justicia, política penitenciaria, cooperación internacional, respeto a y reconocimiento a las víctimas.
El jefe del Ejecutivo eludió bajar al terreno de lo concreto. Ni mencionó las conversaciones con Batasuna ni se refirió al preso José Antonio de Juana Chaos ni nombró a ANV. Pero asumió las decisiones tomadas respecto a todos ellos. «La responsabilidad de cuanto se ha hecho ha sido mía y la he ejercido con firmeza y convicción», dijo. «He valorado en cada momento las circunstancias existentes, los riesgos y las oportunidades. Y mientras ha habido una sola oportunidad de salvar vidas y cambiar el rumbo de nuestra historia he intentado aprovecharla».
El presidente reclamó una respuesta conjunta para demostrar que los demócratas no se doblegarán ahora que «ETA ha hecho imposible un final dialogado de la violencia». «No entreguemos a los terroristas, ni ahora ni nunca, el premio de nuestra desunión», solicitó.
La llamada iba principalmente dirigida al Partido Popular, formación a la que Rodríguez Zapatero reprochó su actitud en varios episodios de la legislatura. Le echó en cara la «deslegitimación intolerable e interesada» de la instrucción del juicio del 11-M y de los jueces y fuerzas de seguridad. Una deslegitimación que el Gobierno, subrayó, ha «aguantado» en silencio. Pero sobre todo, le responsabilizó del fracaso del proyecto que centró su discurso de investidura: la reforma de la Constitución para convertir el Senado en auténtica cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona e incluir los nombres de las comunidades y ciudades autónomas.
Por lo demás, el presidente del Gobierno hizo un discurso triunfalista. Presumió de haber sabido aprovechar el «viento a favor» para lograr que el horizonte económico español esté hoy despejado («seguiremos creciendo por encima del 3,5%», dijo), de haber roto una barrera histórica con más de 20 millones de personas ocupadas y de haber desmentido con su gestión «muchos de los prejuicios ideológicos conservadores» con leyes como la de la Dependencia. «Es posible crecer y ser más justos», subrayó.
El gabinete de Zapatero sabe que la polémica sobre el Estatuto de Cataluña, primero, y el proceso de paz, después, hicieron que los logros económicos y los avances sociales de la legislatura quedaran cuanto menos difuminados. Esta vez, el presidente quiso aprovechar el debate sobre el Estado de la Nación para demostrar que su proyecto político ha sido beneficioso para España y no está agotado.
La referencia obligada a ETA fue breve -apenas tres páginas en un discurso de veintidós-, aunque más clara de lo que hasta ahora había sido habitual. Su objetivo era pasar página del episodio que más desgaste político le ha supuesto en estos tres años de legislatura, aun sin renegar de lo hecho. Defendió que el final dialogado de la violencia está reconocido en «todos los pactos» articulados por las fuerzas democráticas para hacer frente común al terrorismo y que cuantos le precedieron en el cargo creyeron en ella.
En ningún momento pronunció Zapatero la palabra proceso de paz. Al igual que José María Aznar tras la tregua de 1998, se refirió a su intento como «la decisión de explorar las posibilidades reales de negociar la disolución de la banda terrorista» después de que ésta hubiera declarado un alto el fuego. Y, además, aseguró que, mientras tanto, mantuvo en pleno funcionamiento los ejes fundamentales de la lucha antiterrorista: eficacia policial, normal funcionamiento de la justicia, política penitenciaria, cooperación internacional, respeto a y reconocimiento a las víctimas.
El jefe del Ejecutivo eludió bajar al terreno de lo concreto. Ni mencionó las conversaciones con Batasuna ni se refirió al preso José Antonio de Juana Chaos ni nombró a ANV. Pero asumió las decisiones tomadas respecto a todos ellos. «La responsabilidad de cuanto se ha hecho ha sido mía y la he ejercido con firmeza y convicción», dijo. «He valorado en cada momento las circunstancias existentes, los riesgos y las oportunidades. Y mientras ha habido una sola oportunidad de salvar vidas y cambiar el rumbo de nuestra historia he intentado aprovecharla».
El presidente reclamó una respuesta conjunta para demostrar que los demócratas no se doblegarán ahora que «ETA ha hecho imposible un final dialogado de la violencia». «No entreguemos a los terroristas, ni ahora ni nunca, el premio de nuestra desunión», solicitó.
La llamada iba principalmente dirigida al Partido Popular, formación a la que Rodríguez Zapatero reprochó su actitud en varios episodios de la legislatura. Le echó en cara la «deslegitimación intolerable e interesada» de la instrucción del juicio del 11-M y de los jueces y fuerzas de seguridad. Una deslegitimación que el Gobierno, subrayó, ha «aguantado» en silencio. Pero sobre todo, le responsabilizó del fracaso del proyecto que centró su discurso de investidura: la reforma de la Constitución para convertir el Senado en auténtica cámara territorial, eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona e incluir los nombres de las comunidades y ciudades autónomas.
Por lo demás, el presidente del Gobierno hizo un discurso triunfalista. Presumió de haber sabido aprovechar el «viento a favor» para lograr que el horizonte económico español esté hoy despejado («seguiremos creciendo por encima del 3,5%», dijo), de haber roto una barrera histórica con más de 20 millones de personas ocupadas y de haber desmentido con su gestión «muchos de los prejuicios ideológicos conservadores» con leyes como la de la Dependencia. «Es posible crecer y ser más justos», subrayó.
