
Entre las plazas convocadas -64 son de promoción interna- no se incluyen las correspondientes a los puestos de educadoras ni las de la Policía Local, según informó ayer el concejal de Función Pública, Joaquín Esteban.
Según los datos aportados por el político socialista, más de 2.000 personas se han apuntado a dos o más plazas, lo que reduce la cifra real de inscritos a 7.118. La mayoría son alaveses -llegan al 78,52%-, seguidos por vizcaínos y guipuzcoanos, con un 13,85% y un 3,46%, respectivamente.
Las pruebas se desarrollarán en dos fases. Así, los 4.194 opositores encuadrados en los grupos A y B, categorías relativas a los puestos que requieren una titulación universitaria, deberán examinarse entre los meses de octubre y noviembre. Una vez concluido este primer periodo, entre enero y febrero se llevarán a cabo las pruebas para el resto de categorías, a las que se presentarán más de 5.000 personas.
Las plazas más solicitadas son las de administrativo, con 2.357 demandantes para tan sólo 12 puestos; las de técnico auxiliar de enfermería, con 1.789 inscritos para 36, y las de trabajador social, con un total de 624 solicitudes para 19.
Según anunció Joaquín Esteban, la próxima semana se publicará en el boletín de la provincia (BOTHA) la lista provisional de admitidos. Cabe la opción de presentar un recurso durante los diez días siguientes. Así, en septiembre se elaborará el listado definitivo y el calendario con los exámenes.
Críticas
En cualquier caso, la asociación de personas con discapacidad física de Álava, Eginaren Eginez, ha anunciado, sin embargo, que presentará hoy un recurso de reposición contra la OPE del Ayuntamiento vitoriano.
Según denunció su portavoz, Igor Navarro, las bases han incluido una cláusula «discriminatoria» que habla de «minusvalías incapacitantes» para el desarrollo de determinados puestos de trabajo. Navarro criticó, en este sentido, que no se haya reservado ninguna plaza para los discapacitados en el grupo A, el de los titulados universitarios superiores.
Por otro lado, los sindicatos anunciaron el lunes que llevarán a los tribunales la polémica OPE para incorporar 75 educadoras a la plantilla de la red de escuelas infantiles municipal, realizada el pasado junio, por la «elevada» cifra de suspensos -el 96% no superó las pruebas-.









