
Todo empezó en 2001. El denunciante relató a la Ertzaintza que la mujer acudió a la parroquia para pedirle ayuda. Alegó que tenía dificultades para pagar el piso, su marido estaba inmerso en una causa judicial en Barcelona y una inmobiliaria les había estafado en la com- pra de una vivienda en Logroño.
El sacerdote optó, siempre según su testimonio, por implicarse a fondo en el auxilio de esa 'familia necesitada'. Y lo hizo hasta tal punto que liquidó «todo su patrimonio» personal, pidió créditos bancarios, e incluso recabó fondos entre otros curas y algunos seglares de su parroquia, que incluso llegaron también a solicitar préstamos para poder dar dinero al párroco y auxiliar a los ahora denunciados.
Al parecer, la mujer se comprometió ante J.G.S. a devolver las cantidades recibidas cuando se resolviera de forma favorable la transacción de la vivienda de la capital riojana. Una promesa que llevó al denunciante a seguir entregándole dinero propio y ajeno con la esperanza de poder recuperarlo algún día.
J.G.S. -que ya no es párroco de San Mateo, ahora está destinado en la parroquia de Coronación- explicó a la Policía vasca que él mismo «malvendió» en 16 millones de las antiguas pesetas un piso que poseía en la localidad tarraconense de Salou y se desprendió de la herencia de su madre para apoyar al matrimonio, que tiene dos hijos menores de edad y reside en una vivienda de la calle Bolivia, en la zona de Txagorritxu.
El resto de los afectados -alrededor de veinte personas, algunas de elevada edad- fueron entregando diferentes cantidades al párroco para que las hiciera llegar a la familia. Hay quien le llegó a dar hasta 55.000 euros y en la lista facilitada a la Policía por el denunciante aparecen también aportaciones individuales de 34.000, 26.000, 18.000, 14.000 y 11.000 euros, además de otras de menor cuantía.
Viajes, letrados y notarios
El antiguo párroco de San Mateo aseguró que la receptora de todos esos fondos había sido siempre la mujer, a la que había ido facilitando, según las necesidades que ella decía tener que afrontar en cada momento, un total de 983.000 euros.
Entre esas supuestas urgencias figuraban desde el pago de recibos de la luz y el agua, a la compra de lentillas, hasta el abono de «fianzas» para que su marido no ingresara en prisión, el costear minutas a «abogados y notarios», o diversos viajes a Barcelona para resolver la «situación judicial» del marido. Asimismo, y siempre según el denunciante, la mujer le había requerido dinero para enviar al 'Cobrador del Frac' a la inmobiliaria logroñesa que supuestamente les había estafado.
La pareja, sin embargo, disfrutaba de «un elevado nivel de vida». El marido, que tiene antecedentes policiales por intentar estafar a los propietarios de un restaurante chino, trabaja al parecer en una inmobiliaria y gana unos 1.800 euros mensuales. La mujer cobra 650 euros como empleada de hogar, según relató ella misma al juez que investiga la voluminosa estafa denunciada por el sacerdote. De hecho, en el momento de su detención, el pasado 29 de junio, M.B.R. portaba o llevaba puestos artículos de una conocida firma de complementos y bisutería, que fueron valorados en más de 1.000 euros.
Tras su arresto, el matrimonio se negó a declarar ante la Ertzaintza pero se mostró más explícito ante el juez. La señora aseguró que fue el párroco quien «se ofreció a ayudarles» y quien «decidía lo que había que hacer con el piso de Logroño», como «contratar a un abogado y al 'Cobrador del Frac'». Asimismo, cifró en «tres o cuatro millones» de las antiguas pesetas (entre 18.000 y 24.000 euros) el dinero que le había entregado el denunciante. Su esposo ratificó básicamente esa versión y agregó que era la mujer la que hablaba con el sacerdote.
Las investigaciones practicadas hasta ahora por la Policía parecen descartar la existencia de otro tipo de relaciones entre el párroco y M.B.R.. Las pesquisas se centran ahora en tratar de localizar el dinero y averiguar el verdadero patrimonio de la pareja, que guardaba en su domicilio un presupuesto de reforma de un piso situado en la calle Lima, por un importe de más de 100.000 euros.









