Por su parte, los abogados que representan a las Juntas Generales y la Diputación foral de Gipuzkoa han impugnado ese recurso y mantienen el criterio del fiscal, quien, para solicitar el ingreso en prisión sin fianza, el pasado día 11, alegó la aparición de nuevos expedientes fiscales con irregularidades.
Fuentes de la representación legal de las Juntas Generales explicaron a Europa Press que han solicitado que, en caso de la Audiencia Provincial acuerde la libertad de Bravo, se adopten medidas de caracter personal para evitar que viaje a países que no tengan un acuerdo de extradición con España, como la retirada del pasaporte, y que comparezca en el juzgado con periodicidad semanal.
Las mismas fuentes recordaron que, según las últimas informaciones, Bravo pudo recibir dinero cuando ya no era director de la oficina tributaria. Argumentaron que se "ha quebrado ese principio de confianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios públicos" y que se ha generado "una especie de alarma social" que, unida "a las otras circunstancias que concurren, sí posibilita" la medida cautelar de prisión.





