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Economía

TRIBUNALES
La juez de Irún traslada a la Audiencia Provincial el recurso de Bravo contra su ingreso en prisión
La defensa de la esposa del acusado se adhiere al recurso y el fiscal, las Juntas Generales y la Diputación foral lo impugnan
24.07.07 - 21:10 -
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El Juzgado que instruye el presunto fraude en la Hacienda de Irún acordó ayer trasladar a la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el recurso de apelación que interpuso la defensa del principal imputado en el caso, el ex director de la oficina tributaria, José María Bravo, contra su ingreso en prisión el pasado día 11 de julio. El Juzgado de Instrucción 2 de Irún también trasladará a la Audiencia Provincial los escritos presentados por el fiscal, quien solicitó en su momento la prisión incondicional, y por la defensa de la esposa Bravo, María Rosa Cobos, que se ha adherido al recurso contra el auto de prisión. La juez envió a prisión a Bravo tras negarse a prestar declaración y ante la aparición de nuevos expedientes irregulares que "agravan notablemente la importancia del delito".
Por su parte, la defensa presentó un recurso contra esa decisión para que sea resuelto por la Audiencia. El letrado consideró que no hay razones legales ni constitucionales para acordar la privación de libertad sin juicio de su defendido, y aseguró que no existe peligro de fuga.

Por su parte, los abogados que representan a las Juntas Generales y la Diputación foral de Gipuzkoa han impugnado ese recurso y mantienen el criterio del fiscal, quien, para solicitar el ingreso en prisión sin fianza, el pasado día 11, alegó la aparición de nuevos expedientes fiscales con irregularidades.

Fuentes de la representación legal de las Juntas Generales explicaron a Europa Press que han solicitado que, en caso de la Audiencia Provincial acuerde la libertad de Bravo, se adopten medidas de caracter personal para evitar que viaje a países que no tengan un acuerdo de extradición con España, como la retirada del pasaporte, y que comparezca en el juzgado con periodicidad semanal.

Las mismas fuentes recordaron que, según las últimas informaciones, Bravo pudo recibir dinero cuando ya no era director de la oficina tributaria. Argumentaron que se "ha quebrado ese principio de confianza que los ciudadanos tienen en los funcionarios públicos" y que se ha generado "una especie de alarma social" que, unida "a las otras circunstancias que concurren, sí posibilita" la medida cautelar de prisión.
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