GENERAL
El Constitucional estudiará si la Ley del Suelo vulnera competencias autonómicas
Analizará si aumentar al 30% la reserva mínima de terreno para VPO infringe el derecho a la propiedad
Las comunidades que han recurrido dicen que el Estado suplanta mecanismos ya creados. / N. GONZÁLEZ
El Tribunal Constitucional estudiará los próximos meses si la nueva Ley del Suelo, vigente desde hace apenas tres meses, vulnera las competencias de autonomías y ayuntamientos. Lo hará dentro del procedimiento abierto tras admitir a trámite los recursos presentados por tres comunidades -Canarias, La Rioja y Madrid- y el Partido Popular, en el que también podrán participar el Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, según informaron este lunes fuentes judiciales.
A juicio de los recurrentes, la norma impulsada por la anterior ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, también podría quebrantar el derecho a la propiedad privada recogido en la Carta Magna, al elevar hasta el 30% la reserva mínima de suelo que se ha de hacer en cada desarrollo urbanístico para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Otro de los puntos polémicos de la norma es el régimen de valoración del suelo, donde se elimina la técnica de la clasificación por la 'categorización', al dividir los terrenos entre rurales y urbanizados sin entrar en otras consideraciones.
Las comunidades disconformes sostienen que el Estado puede establecer los mecanismos para financiar las VPO, «pero nunca desarrollar una verdadera política» sobre las mismas que, en este caso, pasa por «imponer a las comunidades y ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos, impidiendo que sean ellos los que decida cómo utilizarlos en cada momento conforme a las necesidades de los ciudadanos». Canarias, La Rioja y Madrid consideran que la nueva Ley del Suelo prevé la creación de un nuevo sistema de información al público que, a su juicio, no hace más que «suplantar» los mecanismos ya establecidos a nivel regional dentro de la elaboración de sus planes urbanísticos respectivos.
Aunque aún es pronto para adelantar cuál será el sentido del fallo del alto tribunal, algunos juristas estiman que refrendará la validez constitucional de la ley, al menos en su contenido fundamental.
No obstante, en sus últimas sentencias donde anula varios preceptos de las normativas de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, el Pleno del Constitucional sostenía que era el Estado el que debe valorar los terrenos expropiados -incluido el aprovechamiento urbanístico susceptible de ser indemnizado- en la medida en que tiene que «garantizar la igualdad de todos los dueños del suelo (afectado) en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana».
A juicio de los recurrentes, la norma impulsada por la anterior ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, también podría quebrantar el derecho a la propiedad privada recogido en la Carta Magna, al elevar hasta el 30% la reserva mínima de suelo que se ha de hacer en cada desarrollo urbanístico para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Otro de los puntos polémicos de la norma es el régimen de valoración del suelo, donde se elimina la técnica de la clasificación por la 'categorización', al dividir los terrenos entre rurales y urbanizados sin entrar en otras consideraciones.
Las comunidades disconformes sostienen que el Estado puede establecer los mecanismos para financiar las VPO, «pero nunca desarrollar una verdadera política» sobre las mismas que, en este caso, pasa por «imponer a las comunidades y ayuntamientos un uso determinado de sus terrenos, impidiendo que sean ellos los que decida cómo utilizarlos en cada momento conforme a las necesidades de los ciudadanos». Canarias, La Rioja y Madrid consideran que la nueva Ley del Suelo prevé la creación de un nuevo sistema de información al público que, a su juicio, no hace más que «suplantar» los mecanismos ya establecidos a nivel regional dentro de la elaboración de sus planes urbanísticos respectivos.
Aunque aún es pronto para adelantar cuál será el sentido del fallo del alto tribunal, algunos juristas estiman que refrendará la validez constitucional de la ley, al menos en su contenido fundamental.
No obstante, en sus últimas sentencias donde anula varios preceptos de las normativas de Madrid, País Vasco, Castilla-La Mancha y Andalucía, el Pleno del Constitucional sostenía que era el Estado el que debe valorar los terrenos expropiados -incluido el aprovechamiento urbanístico susceptible de ser indemnizado- en la medida en que tiene que «garantizar la igualdad de todos los dueños del suelo (afectado) en el ejercicio de su derecho de propiedad urbana».
