terrorismo
El Gobierno vasco quiere ampliar la aplicación de la futura ley de reconocimiento de las víctimas del terrorismo
Analiza la fórmula de cooperación con el resto de autonomías que lo deseen para que se contemplen las medidas que se aprueben en Euskadi, como un "acto de voluntad política"
08.10.07 - 19:10 -
El Gobierno vasco está analizando la fórmula por la que todas las víctimas del terrorismo puedan beneficiarse de las medidas que se contemplan en la futura ley vasca de Reconocimiento y Protección de este colectivo.
La Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo presentó a mediados del mes de junio un borrador del citado proyecto a las asociaciones de víctimas, que han realizado algunas aportaciones para que puedan ser incorporadas al proyecto. Dicho proyecto deberá ser presentado al Parlamento vasco antes de que concluya el año, por lo que entrará en vigor el año que viene.
Actualmente, según ha adelantado el adjunto a la dirección de la Oficina, Txema Urkijo, el Ejecutivo de Vitoria analiza la fórmula de cooperación con el resto de autonomías que lo deseen para que cualquier víctima del terrorismo puede beneficiarse de las medidas que se aprueben en Euskadi, como un "acto de voluntad política". El actual borrador de ley vasca establece que el ámbito de aplicación de la misma son las víctimas de atentados ocurridos en el País Vasco, o fuera de Euskadi cuando las víctimas sean residentes en algún municipio de la comunidad vasca.
Convenios de colaboración
El objetivo de la ampliación sería, según Urkijo, que una víctima que no se encuadre en los citados supuestos y que crea que las prestaciones de la legislación que se aplica donde vive es "inferior" a la que se va a implantar en Euskadi, pueda beneficiarse de ésta a través de convenios de colaboración con otras autonomías. No obstante, el Gobierno vasco todavía estudia quién asumiría el coste de estas actuaciones.
La futura ley vasca plantea medidas como el resarcimiento de los daños originados en las viviendas por una acción terrorista. En los casos en los que no se pueda recuperar la vivienda, la administración correrá a cargo con el valor catastral para la compra de una nueva o con la subvención a fondo perdido para el alquiler por el tiempo máximo de veinte años. Se contemplan los gastos en los vehículos dañados, la reparación de los desperfectos en las sedes de partidos y otras organizaciones, así como en las industrias víctimas de atentados.
