POLÍTICA
Garzón encarcela a 17 dirigentes que considera el 'núcleo duro' de Batasuna
Permach, Petrikorena, Rufi Etxeberria y Aldasoro ingresan en prisión y otros cuatro de los detenidos quedan en libertad bajo fianza
JUEZ. Baltasar Garzón, a su llegada ayer a la Audiencia. / REUTERS
LA DECISIÓN
El juez Baltasar Garzón, a petición de la Fiscalía, encerró ayer en prisión por pertenencia a banda armada a diecisiete de los veintitrés dirigentes de Batasuna arrestados el pasado jueves pasado en Segura cuando participaban en una asamblea clandestina para definir la estrategia de apoyo político y social a ETA tras la ruptura de la tregua. Los encarcelados constituyen el núcleo duro del partido ilegalizado, según los resultados de la investigación policial.
El magistrado, también de acuerdo con los fiscales, permitió eludir la cárcel tras el pago de una fianza de 10.000 euros a los dos responsables de Batasuna en el País Vasco francés presentes en la reunión, Haizpea Abrisketa y Jean Claude Agerre, y al dirigente local de Segura Egoitz Apaolaza, que en las pasadas elecciones formó parte de la lista de ANV anulada por el Tribunal Supremo en la localidad guipuzcoana. La cuarta fianza, de 24.000 euros, fue impuesta al miembro de la mesa nacional, Patxi Urrutia. La lista de veintitrés detenidos se completa con Iban Berasategi y Xabier Albizu, vinculados a la izquierda abertzale en Segura y presentes en la reunión, que ayer quedaron en libertad provisional por orden del juez.
Entre los diecisiete independentistas encarcelados figuran los principales dirigentes del partido ilegalizado, con Joseba Permach a la cabeza, que, según la investigación policial, constituyen el núcleo duro que se disponía a revitalizar la formación y a tomar el relevo a dirigentes amortizados y más proclives al diálogo, entre ellos Arnaldo Otegi, quien permanece encarcelado en la prisión donostiarra de Martutene desde el pasado mes de junio.
Además de Permach, en la lista de representantes de la izquierda abertzale a los que Garzón envió ayer a prisión hay otros tres miembros de la mesa nacional de Batasuna: el otro coordinador, Rufi Etxeberria; el jefe de Comunicación, Juan José Petrikorena; el responsable de Organización, Imanol Iparragirre; los máximos responsables de la formación ilegalizada en cada territorio -Ana Lizarralde (Vizcaya), Ángel María Elkano (Guipúzcoa), Asier Arraiz (Álava), y Juan Cruz Aldasoro (Navarra)-; así como varios miembros del sector más duro vinculado a EKIN, el presunto brazo político de ETA, como Mikel Zubimendi.
El ingreso en prisión afectó también a otras tres arrestadas el jueves que no forman parte de la mesa nacional elegida en 2006, pero que han jugado un papel importante en los movimientos realizados en los últimos meses por Batasuna. Una de ellas es Arantxa Santesteban, integrante del equipo de seis miembros del equipo que negoció con los partidos políticos durante la tregua. Las otras dos son Tomasa Alejandro y Maite Fernández Labastida, que jugaron un papel protagonista en el impulso de las listas electorales sucesoras de Batasuna, anuladas por el Supremo.
Para tomar su decisión, Garzón ha manejado tres argumentos. Así, entiende que los diecisiete dirigentes que ha enviado a la cárcel deben entrar en prisión preventiva porque están acusados de un delito muy grave -integración en banda terrorista-, porque existen indicios que apuntan a un alto riesgo de fuga y, sobre todo, por la alta probabilidad de que los arrestados volviesen a reincidir en el delito si quedaban libres, con su permanencia en la dirección de Batasuna.
Ocho de estos acusados que fueron procesados ya por integración en banda armada en varios sumarios del entorno de ETA han sido enviados a la cárcel también por quebrar su actual situación de prisión preventiva. Entiende el magistrado que cometieron una reiteración delictiva al violar la suspensión de actividades del partido decretada al considerar que Batasuna era el «frente institucional» de ETA.
En el auto, el magistrado precisa el motivo de la redada. Manifiesta que se ha producido ahora y no hace meses porque es en este momento cuando se ha constatado que el partido ilegalizado, lejos de criticar la vuelta a las armas de ETA, se ha puesto a sus órdenes y se ha reorganizado para darle cobertura política y social. A juicio del magistrado, las actuaciones individuales de dirigentes de Batasuna no supusieron delito hasta junio, cuando ETA rompió la tregua, porque ocurrieron «con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente».
Evidencia
Garzón concluye que, tras el fin de la tregua, ha quedado en evidencia que los componentes del partido no tenían voluntad de acabar con la violencia terrorista «sino coadyuvar denodadamente a la consecución de los fines de ETA».
La investigación comenzó hace un año y, según el magistrado, ahora «ha dado sus frutos», por lo que la Policía ha actuado ajena a «cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera». Un dato curioso que incluye el auto es que a una de las acusadas, Maite Fernández de Labastida, s ele ha incautado el resguardo de una transferencia bancaria enviada por ANV por importe de 230 euros con el concepto de «gastos de julio».
Garzón acordó las medidas cautelares después de interrogar durante tres horas y media a los 23 arrestados en la Audiencia Nacional. Los dirigentes detenidos llegaron a la sede judicial en varios convoyes policiales, protegidos por fuertes medidas de seguridad.
Todos los sospechosos, asesorados por un equipo de seis abogados liderado por Jone Goirizelaia y Kepa Landa, se negaron a declarar ante el magistrado, con la única excepción de los dos vecinos de Segura a los que el juez más tarde dejó en libertad provisional. No obstante, ni el juez ni la Policía Nacional se preocuparon demasiado por los silencios, ya que consideran que la abundante documentación que les incautaron en la reunión clandestina y los registros de sedes y domicilios les han facilitado «suficiente» material para probar su implicación delictiva. «Les tenemos pillados con los papeles», indicó una fuente antiterrorista.
Los documentos indican que Batasuna se había plegado a una triple estrategia diseñada por ETA para tener cobertura social a su vuelta a los atentados, según fuentes antiterroristas. Por un lado, se trataba de movilizar a los presos etarras y a sus familias; por otro, de multiplicar los actos de kale borroka; y en tercer lugar, establecer desde Batasuna una línea de dureza política bajo la triple premisa de la no condena de los atentados, la actuación para acabar con la desmovilización de sus bases y la difusión de que la negociación no es posible por culpa del Gobierno.
Algunos documentos requisados versan sobre estrategias comunes de Batasuna con EHAK y, en menor medida, con ANV. En varios se critica algunas actitudes de los líderes de EHAK, a quienes se les reprocha que no siempre están dispuestos a aceptar las estrategias de Batasuna.
El magistrado, también de acuerdo con los fiscales, permitió eludir la cárcel tras el pago de una fianza de 10.000 euros a los dos responsables de Batasuna en el País Vasco francés presentes en la reunión, Haizpea Abrisketa y Jean Claude Agerre, y al dirigente local de Segura Egoitz Apaolaza, que en las pasadas elecciones formó parte de la lista de ANV anulada por el Tribunal Supremo en la localidad guipuzcoana. La cuarta fianza, de 24.000 euros, fue impuesta al miembro de la mesa nacional, Patxi Urrutia. La lista de veintitrés detenidos se completa con Iban Berasategi y Xabier Albizu, vinculados a la izquierda abertzale en Segura y presentes en la reunión, que ayer quedaron en libertad provisional por orden del juez.
Entre los diecisiete independentistas encarcelados figuran los principales dirigentes del partido ilegalizado, con Joseba Permach a la cabeza, que, según la investigación policial, constituyen el núcleo duro que se disponía a revitalizar la formación y a tomar el relevo a dirigentes amortizados y más proclives al diálogo, entre ellos Arnaldo Otegi, quien permanece encarcelado en la prisión donostiarra de Martutene desde el pasado mes de junio.
Además de Permach, en la lista de representantes de la izquierda abertzale a los que Garzón envió ayer a prisión hay otros tres miembros de la mesa nacional de Batasuna: el otro coordinador, Rufi Etxeberria; el jefe de Comunicación, Juan José Petrikorena; el responsable de Organización, Imanol Iparragirre; los máximos responsables de la formación ilegalizada en cada territorio -Ana Lizarralde (Vizcaya), Ángel María Elkano (Guipúzcoa), Asier Arraiz (Álava), y Juan Cruz Aldasoro (Navarra)-; así como varios miembros del sector más duro vinculado a EKIN, el presunto brazo político de ETA, como Mikel Zubimendi.
El ingreso en prisión afectó también a otras tres arrestadas el jueves que no forman parte de la mesa nacional elegida en 2006, pero que han jugado un papel importante en los movimientos realizados en los últimos meses por Batasuna. Una de ellas es Arantxa Santesteban, integrante del equipo de seis miembros del equipo que negoció con los partidos políticos durante la tregua. Las otras dos son Tomasa Alejandro y Maite Fernández Labastida, que jugaron un papel protagonista en el impulso de las listas electorales sucesoras de Batasuna, anuladas por el Supremo.
Para tomar su decisión, Garzón ha manejado tres argumentos. Así, entiende que los diecisiete dirigentes que ha enviado a la cárcel deben entrar en prisión preventiva porque están acusados de un delito muy grave -integración en banda terrorista-, porque existen indicios que apuntan a un alto riesgo de fuga y, sobre todo, por la alta probabilidad de que los arrestados volviesen a reincidir en el delito si quedaban libres, con su permanencia en la dirección de Batasuna.
Ocho de estos acusados que fueron procesados ya por integración en banda armada en varios sumarios del entorno de ETA han sido enviados a la cárcel también por quebrar su actual situación de prisión preventiva. Entiende el magistrado que cometieron una reiteración delictiva al violar la suspensión de actividades del partido decretada al considerar que Batasuna era el «frente institucional» de ETA.
En el auto, el magistrado precisa el motivo de la redada. Manifiesta que se ha producido ahora y no hace meses porque es en este momento cuando se ha constatado que el partido ilegalizado, lejos de criticar la vuelta a las armas de ETA, se ha puesto a sus órdenes y se ha reorganizado para darle cobertura política y social. A juicio del magistrado, las actuaciones individuales de dirigentes de Batasuna no supusieron delito hasta junio, cuando ETA rompió la tregua, porque ocurrieron «con el fin de buscar el final de la violencia, aunque haya sido equivocada o interesadamente».
Evidencia
Garzón concluye que, tras el fin de la tregua, ha quedado en evidencia que los componentes del partido no tenían voluntad de acabar con la violencia terrorista «sino coadyuvar denodadamente a la consecución de los fines de ETA».
La investigación comenzó hace un año y, según el magistrado, ahora «ha dado sus frutos», por lo que la Policía ha actuado ajena a «cualquier instrumentalización oportunista del sesgo que fuera». Un dato curioso que incluye el auto es que a una de las acusadas, Maite Fernández de Labastida, s ele ha incautado el resguardo de una transferencia bancaria enviada por ANV por importe de 230 euros con el concepto de «gastos de julio».
Garzón acordó las medidas cautelares después de interrogar durante tres horas y media a los 23 arrestados en la Audiencia Nacional. Los dirigentes detenidos llegaron a la sede judicial en varios convoyes policiales, protegidos por fuertes medidas de seguridad.
Todos los sospechosos, asesorados por un equipo de seis abogados liderado por Jone Goirizelaia y Kepa Landa, se negaron a declarar ante el magistrado, con la única excepción de los dos vecinos de Segura a los que el juez más tarde dejó en libertad provisional. No obstante, ni el juez ni la Policía Nacional se preocuparon demasiado por los silencios, ya que consideran que la abundante documentación que les incautaron en la reunión clandestina y los registros de sedes y domicilios les han facilitado «suficiente» material para probar su implicación delictiva. «Les tenemos pillados con los papeles», indicó una fuente antiterrorista.
Los documentos indican que Batasuna se había plegado a una triple estrategia diseñada por ETA para tener cobertura social a su vuelta a los atentados, según fuentes antiterroristas. Por un lado, se trataba de movilizar a los presos etarras y a sus familias; por otro, de multiplicar los actos de kale borroka; y en tercer lugar, establecer desde Batasuna una línea de dureza política bajo la triple premisa de la no condena de los atentados, la actuación para acabar con la desmovilización de sus bases y la difusión de que la negociación no es posible por culpa del Gobierno.
Algunos documentos requisados versan sobre estrategias comunes de Batasuna con EHAK y, en menor medida, con ANV. En varios se critica algunas actitudes de los líderes de EHAK, a quienes se les reprocha que no siempre están dispuestos a aceptar las estrategias de Batasuna.
