Según ha informado en un comunicado la asociación Salhaketa, de apoyo a los presos, en al menos uno de los casos las denunciantes también ponían en conocimiento del juez la comisión de supuestos abusos sexuales.
Los abogados de las reclusas han recurrido el auto y han alegado que existen informes psicológicos y declaraciones realizadas por varias funcionarias dando credibilidad a las denuncias, según el colectivo.
Salhaketa apoya los recursos contra el archivo de las denuncias y confía en que éstos sirvan «para reivindicar la dignidad y los derechos de las personas privadas de libertad», así como «para depurar las responsabilidades tanto individuales como institucionales que pudieran darse en cada caso».
A su juicio, los hechos denunciados por las cuatro internas de Nanclares «implican un ataque a la integridad moral de las presas en su doble condición de mujeres y de personas privadas de libertad, lo que nos resulta del todo inaceptable».









