
La medida fue anunciada ayer en la capital alavesa por el portavoz socialista en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, quien manifestó que esa ayuda, recogida en el artículo 10, reparará parte del daño de las personas que perdieron la vida en el tardofranquismo. Todo ello, «haciendo uso de derechos que luego fueron reconocidos por la Constitución», como el de huelga o manifestación.
Pero en aquella trágica jornada de 1976, no sólo hubo que lamentar la muerte de Pedro Mari Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, porque un centenar de personas resultaron heridas de diversa consideración por la actuación policial. Estas víctimas podrán acogerse a una enmienda que contempla ayudas para aquellos que sufrieron lesiones invalidantes. Las indemnizaciones, además, no serán incompatibles con las pensiones que en la actualidad cobren estas personas. En este caso, las partidas económicas se estipularán en el plazo máximo de seis meses a través de un real decreto.
Pero lejos de recibir el beneplácito de los afectados, el contenido de la ley de Memoria Histórica fue criticada ayer por la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo. Su portavoz, Andoni Txasko, tachó el texto de «claramente insuficiente» tanto en lo económico como en su fondo. Una de sus principales reivindicaciones es que se investigue «a fondo» qué pasó aquella jornada y quiénes fueron sus responsables. «No queremos que les detengan, pero sí que se les identifique», recalcó.









