ÁLAVA
El PP defiende la honestidad de Ibarrondo y dice que el fiscal jefe «no es un señor independiente»
Asume con «tranquilidad» la denuncia por prevaricación urbanística contra el ex edil de Urbanismo y su 'número dos', Sáenz de Santa María «Lo que hay que ver ahora es si el juez la admite a trámite», advierte
INVESTIGACIÓN. Sáenz de Santa María, Ibarrondo, Maroto y Alonso analizan unos informes en la comisión extraordinaria celebrada en la pasada legislatura. / IOSU ONANDIA
LA POLÉMICA
Apoyo cerrado a Jorge Ibarrondo y a Antón Sáenz de Santa María, y cierto cuestionamiento del fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria, Josu Izaguirre. El Partido Popular reaccionó así al conocer la noticia, adelantada ayer en exclusiva por EL CORREO, de que la Fiscalía ha decidido denunciar por prevaricación urbanística al anterior teniente de alcalde y ex concejal del área, y a su 'número dos', al que también atribuye la presunta comisión de un posible delito de falsedad documental, en la polémica de los chalés de Ali e Ibaiondo.
En esencia, y tras analizar durante más de cinco meses la documentación sobre el caso, el ministerio público da por buenas las conclusiones de la comisión municipal de investigación auspiciadas por el PSE, el PNV, EB y EA en estos temas, no en el resto. Es decir, que el anterior gobierno municipal del PP, dirigido por Alfonso Alonso, favoreció a dos promotoras de forma indebida. A la constructora Opacua, al permitirle cobrar un sobreprecio de 54.000 euros a cada uno de los 24 adjudicatarios de los chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo. El pleno del Consistorio había fijado años antes el precio de las casas teniendo en cuenta las mejoras ambientales que incorporaban. Y a la firma Salgado Iglesias, al autorizarle la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali cuyo tamaño, según los técnicos del Ayuntamiento, sólo permitía hacer seis de acuerdo a la legislación vigente. EA, partido que destapó este escándalo, evaluó en su momento en 250.000 euros el beneficio extra logrado por la firma al conseguir hacer esa casa de más.
La noticia sorprendió a la plana mayor de los populares en Amurrio, donde ayer celebraron un acto público. El presidente del partido en Álava, Alfonso Alonso, declinó valorar la decisión de la Fiscalía, lo mismo que el ex edil Ibarrondo. Sáenz de Santa María no pudo ser localizado por este periódico. Quien sí habló fue el 'número dos' de los populares en el territorio.
Trámite «ordinario»
Iñaki Oyarzábal restó trascendencia a los hechos y aseguró que el partido asume con «normalidad» la denuncia del fiscal. «Se ha sobredimensionado un trámite lógico y ordinario que cabía esperar», subrayó. Por lo tanto, nada de sorpresas. «Después de una comisión en la que determinados partidos se encargaron de redactar unas conclusiones duras, lo lógico -dijo- era que el fiscal pudiera dar traslado de la documentación al juzgado».
Tras denunciar la forma en la que se ha hecho público el asunto, criticó la existencia de un trasfondo político que «sólo busca erosionar» y «desgastar» al PP. «Se ha tratado se sembrar la alarma. Sólo esperamos que esto se aclare cuanto antes para que cada trámite ordinario no se siga utilizando políticamente», manifestó.
Oyarzábal reservó buena parte de sus reproches para el fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria, Josu Izaguirre, de quien aseguró que «no es un señor independiente». «No nos tenemos por qué fiar de él. De lo que nosotros nos fiamos es de los juzgados», espetó.
Ahora, sólo cabe esperar la decisión del juez y una probable apertura de diligencias. «Si se abren -avanzó-, trataremos de demostrar su inocencia». «Seguimos confiando en la gestión de Ibarrondo, que tuvo una brillante actuación al frente de Urbanismo», enfatizó el dirigente popular, al tiempo que matizó que Sáenz de Santa María no es miembro del PP, aunque eso «no significa que nos desmarquemos».
En esencia, y tras analizar durante más de cinco meses la documentación sobre el caso, el ministerio público da por buenas las conclusiones de la comisión municipal de investigación auspiciadas por el PSE, el PNV, EB y EA en estos temas, no en el resto. Es decir, que el anterior gobierno municipal del PP, dirigido por Alfonso Alonso, favoreció a dos promotoras de forma indebida. A la constructora Opacua, al permitirle cobrar un sobreprecio de 54.000 euros a cada uno de los 24 adjudicatarios de los chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo. El pleno del Consistorio había fijado años antes el precio de las casas teniendo en cuenta las mejoras ambientales que incorporaban. Y a la firma Salgado Iglesias, al autorizarle la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali cuyo tamaño, según los técnicos del Ayuntamiento, sólo permitía hacer seis de acuerdo a la legislación vigente. EA, partido que destapó este escándalo, evaluó en su momento en 250.000 euros el beneficio extra logrado por la firma al conseguir hacer esa casa de más.
La noticia sorprendió a la plana mayor de los populares en Amurrio, donde ayer celebraron un acto público. El presidente del partido en Álava, Alfonso Alonso, declinó valorar la decisión de la Fiscalía, lo mismo que el ex edil Ibarrondo. Sáenz de Santa María no pudo ser localizado por este periódico. Quien sí habló fue el 'número dos' de los populares en el territorio.
Trámite «ordinario»
Iñaki Oyarzábal restó trascendencia a los hechos y aseguró que el partido asume con «normalidad» la denuncia del fiscal. «Se ha sobredimensionado un trámite lógico y ordinario que cabía esperar», subrayó. Por lo tanto, nada de sorpresas. «Después de una comisión en la que determinados partidos se encargaron de redactar unas conclusiones duras, lo lógico -dijo- era que el fiscal pudiera dar traslado de la documentación al juzgado».
Tras denunciar la forma en la que se ha hecho público el asunto, criticó la existencia de un trasfondo político que «sólo busca erosionar» y «desgastar» al PP. «Se ha tratado se sembrar la alarma. Sólo esperamos que esto se aclare cuanto antes para que cada trámite ordinario no se siga utilizando políticamente», manifestó.
Oyarzábal reservó buena parte de sus reproches para el fiscal jefe de la Audiencia de Vitoria, Josu Izaguirre, de quien aseguró que «no es un señor independiente». «No nos tenemos por qué fiar de él. De lo que nosotros nos fiamos es de los juzgados», espetó.
Ahora, sólo cabe esperar la decisión del juez y una probable apertura de diligencias. «Si se abren -avanzó-, trataremos de demostrar su inocencia». «Seguimos confiando en la gestión de Ibarrondo, que tuvo una brillante actuación al frente de Urbanismo», enfatizó el dirigente popular, al tiempo que matizó que Sáenz de Santa María no es miembro del PP, aunque eso «no significa que nos desmarquemos».
