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El PSE pide que se equipare el castellano y el euskera para evitar el «adoctrinamiento»
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Los socialistas defenderán en el Parlamento de Vitoria una proposición no de Ley que reclama cambios en el currículum vasco aprobado por el Ejecutivo Ibarretxe con el objetivo de que «no se convierta en un instrumento de adoctrinamiento nacionalista». Como asuntos fundamentales, la parlamentaria Isabel Celaá destacó que se debe equiparar la consideración del euskera y del castellano como «lenguas vehiculares» -que el proyecto adjudica en exclusiva al euskera-, y que se modifique el uso «ambiguo y en ocasiones abusivo» que se produce del término «Euskal Herria».

El currículum vasco es el documento que recoge lo que deberán estudiar a partir de ahora los escolares en las etapas obligatorias de Primaria y Secundaria, de los 6 a los 16 años. Los socialistas demandaron ayer que se abra «por primera vez» en sede parlamentaria un debate en profundidad, lo que hasta ahora «no ha ocurrido porque hemos sido convidados de piedra». La portavoz del PSE en Educación, Isabel Celaá, argumentó que los cambios que propone su partido se encaminan a «evitar la tentación de que los nacionalistas hagan de la escuela un instrumento de adoctrinamiento» y que buscan «conectar el currículum con la situación educativa y lingüística real de Euskadi».

En relación a las lenguas, los socialistas reclaman que el proyecto deje claro que tanto el euskera como el castellano, y no sólo la primera, deben tener la consideración de «lenguas vehiculares» en las aulas vascas. «El castellano es el idioma materno del 80% de la población y debe ser considerado igualmente un elemento esencial de la identidad vasca», destacó Celaá. Por agregación, los socialistas reclamarán mayor contundencia en la aplicación del trilingüísmo, con más atención a una tercera lengua como el inglés.

La parlamentaria del PSE alertó sobre la utilización «indebida, a veces abusiva y otras ambigua» del término Euskal Herria. Celaá explicó que se debe acotar el término al «ámbito lingüístico y cultural del euskera», mientras que el decreto aprobado «da a entender que se trata de una realidad política que en la actualidad no existe».
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