ÁLAVA
Vitoria gasta 5.000 euros diarios en el alquiler de sus oficinas municipales
Sólo cuatro de los locales suponen cerca del 90% de la renta total, con 1,6 millones de euros al año El Ayuntamiento deberá pagar una fuerte indemnización si deja dos edificios antes de 2017 y 2027
ERTZA. Acoge Función Pública y a los sindicatos. Cuesta al año 342.584 euros. / EDUARDO ARGOTE
LOS INMUEBLES ARRENDADOS
El Ayuntamiento de Vitoria es el inquilino más deseado -paga religiosamente y sin demora- y, a la vez, un arrendatario ruinoso. El crecimiento experimentado por su plantilla en los últimos veinte años y la necesidad de colonizar nuevos espacios ha dispersado sus dependencias por toda la ciudad en una treintena de inmuebles, locales y pisos. Además de suponer un engorro para los contribuyentes, esta situación ha derivado en una pingüe minuta por esos alquileres. Tanto es así que el Consistorio afronta un gasto diario de 5.000 euros por este concepto, que se ahorrará cuando se materialice el proyecto para levantar en San Martín las nuevas oficinas municipales, que el Gabinete Lazcoz y su 'socio preferente', el PNV, han puesto ya en marcha.
El abultado recibo se traduce, en el cómputo anual, en 1,8 millones de euros que se reparten un puñado de arrendadores, entre los que figuran entidades financieras, sociedades públicas y particulares. Casi el 90% de ese dinero se destina a sufragar el alquiler de cuatro céntricas oficinas.
El más oneroso para las arcas municipales -y también el de mayores dimensiones- es el edificio número 30 de San Prudencio, donde se alojan el Departamento de Urbanismo y el de Intervención Social. Por sus 5.764 metros cuadrados, el Ayuntamiento abona algo más de 695.000 euros al año a Alquileres Vitoria, una sociedad integrada por los promotores inmobiliarios Javier Valluerca y José Antonio Gordo. Ese es el peaje, actualizado con el IPC anual, que tienen asegurado hasta 2017, al margen de que los funcionarios emprendan o no antes la mudanza a San Martín. Así lo estipulan las cláusulas del contrato que ata a la institución municipal con sus dueños.
Por tamaño de las dependencias y de la factura le sigue el edificio de mármol negro ubicado en Dato con General Álava, perteneciente a la Caja Vital. Sede de la Hacienda local, sus 2.763 metros cuadrados cuestan al año 407.000 euros, según el acuerdo en vigor y que expira en diciembre de 2010.
El edificio Ertza -antiguo Jaun-, en San Prudencio con Fueros, procura a la familia Lauzurica unos ingresos anuales de cerca de 343.000 euros, según un contrato que se renueva cada doce meses. A cambio, el Consistorio tiene distribuidos en sus 2.230 metros cuadrados el Departamento de Función Pública y a los sindicatos.
Contrato blindado
La última de las cuatro rentas que más gravan a la ciudad es un local de 893 metros cuadrados que se localiza en la calle San Antonio. Pese a que el anterior equipo de gobierno, del PP, situó en el pasado septiembre la fecha para culminar el traslado allí de las oficinas centrales de atención ciudadana, lo cierto es que sigue vacío.
Mientras el Gabinete Lazcoz termina de madurar su idea de destinarlo a acoger el Departamento de Intervención Social -ahora en el número 30 de San Prudencio-, el Ayuntamiento hace frente desde marzo al pago de 12.900 euros mensuales. No sólo eso. El documento firmado entonces entre el Consistorio y el dueño de la lonja, la sociedad Sbayre, de Gonzalo Antón, prolonga la relación inquilino-casero hasta 2027. Como denunció en su día EA, en caso de ruptura del acuerdo, la institución municipal debería indemnizar al propietario. El contrato estipula, además, incrementos anuales de hasta el IPC más el 9%, con lo que el desembolso en 20 años rebasaría los siete millones de euros.
El resto de alquileres diseminados por la ciudad, entre los que se encuentran la oficina de turismo o la oficina del Síndico, agregan a la minuta otros 201.000 euros al año.
El abultado recibo se traduce, en el cómputo anual, en 1,8 millones de euros que se reparten un puñado de arrendadores, entre los que figuran entidades financieras, sociedades públicas y particulares. Casi el 90% de ese dinero se destina a sufragar el alquiler de cuatro céntricas oficinas.
El más oneroso para las arcas municipales -y también el de mayores dimensiones- es el edificio número 30 de San Prudencio, donde se alojan el Departamento de Urbanismo y el de Intervención Social. Por sus 5.764 metros cuadrados, el Ayuntamiento abona algo más de 695.000 euros al año a Alquileres Vitoria, una sociedad integrada por los promotores inmobiliarios Javier Valluerca y José Antonio Gordo. Ese es el peaje, actualizado con el IPC anual, que tienen asegurado hasta 2017, al margen de que los funcionarios emprendan o no antes la mudanza a San Martín. Así lo estipulan las cláusulas del contrato que ata a la institución municipal con sus dueños.
Por tamaño de las dependencias y de la factura le sigue el edificio de mármol negro ubicado en Dato con General Álava, perteneciente a la Caja Vital. Sede de la Hacienda local, sus 2.763 metros cuadrados cuestan al año 407.000 euros, según el acuerdo en vigor y que expira en diciembre de 2010.
El edificio Ertza -antiguo Jaun-, en San Prudencio con Fueros, procura a la familia Lauzurica unos ingresos anuales de cerca de 343.000 euros, según un contrato que se renueva cada doce meses. A cambio, el Consistorio tiene distribuidos en sus 2.230 metros cuadrados el Departamento de Función Pública y a los sindicatos.
Contrato blindado
La última de las cuatro rentas que más gravan a la ciudad es un local de 893 metros cuadrados que se localiza en la calle San Antonio. Pese a que el anterior equipo de gobierno, del PP, situó en el pasado septiembre la fecha para culminar el traslado allí de las oficinas centrales de atención ciudadana, lo cierto es que sigue vacío.
Mientras el Gabinete Lazcoz termina de madurar su idea de destinarlo a acoger el Departamento de Intervención Social -ahora en el número 30 de San Prudencio-, el Ayuntamiento hace frente desde marzo al pago de 12.900 euros mensuales. No sólo eso. El documento firmado entonces entre el Consistorio y el dueño de la lonja, la sociedad Sbayre, de Gonzalo Antón, prolonga la relación inquilino-casero hasta 2027. Como denunció en su día EA, en caso de ruptura del acuerdo, la institución municipal debería indemnizar al propietario. El contrato estipula, además, incrementos anuales de hasta el IPC más el 9%, con lo que el desembolso en 20 años rebasaría los siete millones de euros.
El resto de alquileres diseminados por la ciudad, entre los que se encuentran la oficina de turismo o la oficina del Síndico, agregan a la minuta otros 201.000 euros al año.
