apertura del negocio
El Gobierno vasco no cambia de estrategia contra el cártel del puerto de Bilbao pese a fracasar
Continuará las negociaciones con los camioneros autónomos para intentar abrir este mercado a una libre competencia que hoy no existe
Camiones a la espera de carga en el puerto de Bilbao. / FERNANDO GÓMEZ
LAS CLAVES DEL PROBLEMA
Dos años y medio después de asumir el liderazgo en el intento de acabar con el cártel de camioneros autónomos que controla con mano firme el transporte en el puerto de Bilbao, sin haber conseguido resultado alguno en el empeño, el Gobierno vasco ha decidido mantener abiertas las negociaciones con este sector para intentar su apertura a la libre competencia. El Ejecutivo es partidario de prorrogar los trabajos de la mesa institucional creada para consensuar una salida negociada al problema y también de explorar hasta el final los contactos con las organizaciones que representan a los transportistas, Sintrabi y Egas, a pesar de que algunos de sus últimos movimientos parecen alejar el acuerdo. La Administración también apuesta por ratificar en el cargo de 'mediador' en el conflicto a Rafael Puntonet, contratado como «comisionado para la competitividad» y cuyo contrato finaliza el próximo 31 de diciembre.
En las últimas semanas el Gobierno Ibarretxe había abierto un periodo de reflexión sobre este problema, a la vista de los escasos avances registrados y de que comienzan a cumplirse todos los plazos que se habían dado para iniciar la transición a la competencia.
«Cambiar el modelo, comenzar desde cero -apuntan fuentes conocedoras del proceso abierto en 2005- hubiese significado reconocer el fracaso más absoluto y poner en peligro los progresos logrados, por pequeños que puedan parecer».
Negociación compleja
Este alambicado montaje -una mesa para la competitividad, un comité director y un 'comisionado' como mediador- fue una de las últimas aportaciones del ex consejero de Transportes Alvaro Amann al frente de este departamento del Gobierno vasco. Lo hizo con el convencimiento de que el 'toro' era lo suficientemente bravo como para buscar compañeros en la 'faena' y, también, en un intento de mantener una doble estrategia: presionar a los camioneros con actuaciones policiales, judiciales e incluso con la maquinaria de la inspección fiscal, al tiempo que tender una mano a la negociación para buscar una salida conjunta. Sumó en una misma mesa, aunque en gran parte como convidados de piedra, a la Diputación de Vizcaya, la Cámara de Comercio de Bilbao y la propia Autoridad Portuaria.
A la vista de lo sucedido, en este problema dos años y medio es un periodo de tiempo corto. Todo sigue más o menos igual que hace tres lustros. La libre competencia en la contratación del transporte por carretera en el puerto de Bilbao no existe, los sindicatos de autónomos Egas y Sintrabi controlan con rigor quién puede y quién no entrar a cargar contenedores en los muelles vizcaínos y el Tribunal de la Competencia llegó a demostrar que las tarifas no se pactan de forma libre. Simplemente, se decretan por parte de los transportistas. La imposibilidad material de los operadores portuarios para recurrir a un transporte alternativo convierte en estéril cualquier intento de presionar en este mercado.
Hace unos meses, varias empresas comercializadoras -las que actúan como intermediarias entre camioneros y firmas estibadoras y consignatarias- iniciaron un proceso de concentración. El fin era crear compañías fuertes e integrar de forma progresiva a los transportistas autónomos como asalariados. Pero Sintrabi y Egas recelan de este modelo y prefieren el rígido mercado que ahora pueden controlar con escasas fisuras. Incluso, estas empresas expresaron ayer su oposición a la decisión de Sintrabi de elevar en 10 plazas el número de 'camioneros protegidos'.
Sintrabi emitió un comunicado en el que asegura que su único objetivo es ofrecer un buen servicio de transporte en el puerto bilbaíno, al tiempo que negó la existencia de limitaciones a la libre competencia. «Los vehículos pueden desempeñar su trabajo diario con total normalidad», subrayó.
En las últimas semanas el Gobierno Ibarretxe había abierto un periodo de reflexión sobre este problema, a la vista de los escasos avances registrados y de que comienzan a cumplirse todos los plazos que se habían dado para iniciar la transición a la competencia.
«Cambiar el modelo, comenzar desde cero -apuntan fuentes conocedoras del proceso abierto en 2005- hubiese significado reconocer el fracaso más absoluto y poner en peligro los progresos logrados, por pequeños que puedan parecer».
Negociación compleja
Este alambicado montaje -una mesa para la competitividad, un comité director y un 'comisionado' como mediador- fue una de las últimas aportaciones del ex consejero de Transportes Alvaro Amann al frente de este departamento del Gobierno vasco. Lo hizo con el convencimiento de que el 'toro' era lo suficientemente bravo como para buscar compañeros en la 'faena' y, también, en un intento de mantener una doble estrategia: presionar a los camioneros con actuaciones policiales, judiciales e incluso con la maquinaria de la inspección fiscal, al tiempo que tender una mano a la negociación para buscar una salida conjunta. Sumó en una misma mesa, aunque en gran parte como convidados de piedra, a la Diputación de Vizcaya, la Cámara de Comercio de Bilbao y la propia Autoridad Portuaria.
A la vista de lo sucedido, en este problema dos años y medio es un periodo de tiempo corto. Todo sigue más o menos igual que hace tres lustros. La libre competencia en la contratación del transporte por carretera en el puerto de Bilbao no existe, los sindicatos de autónomos Egas y Sintrabi controlan con rigor quién puede y quién no entrar a cargar contenedores en los muelles vizcaínos y el Tribunal de la Competencia llegó a demostrar que las tarifas no se pactan de forma libre. Simplemente, se decretan por parte de los transportistas. La imposibilidad material de los operadores portuarios para recurrir a un transporte alternativo convierte en estéril cualquier intento de presionar en este mercado.
Hace unos meses, varias empresas comercializadoras -las que actúan como intermediarias entre camioneros y firmas estibadoras y consignatarias- iniciaron un proceso de concentración. El fin era crear compañías fuertes e integrar de forma progresiva a los transportistas autónomos como asalariados. Pero Sintrabi y Egas recelan de este modelo y prefieren el rígido mercado que ahora pueden controlar con escasas fisuras. Incluso, estas empresas expresaron ayer su oposición a la decisión de Sintrabi de elevar en 10 plazas el número de 'camioneros protegidos'.
Sintrabi emitió un comunicado en el que asegura que su único objetivo es ofrecer un buen servicio de transporte en el puerto bilbaíno, al tiempo que negó la existencia de limitaciones a la libre competencia. «Los vehículos pueden desempeñar su trabajo diario con total normalidad», subrayó.
