POLÍTICA
Control sobre el patrimonio y colisión de intereses
14.11.07 -
Otro de los principales objetivos del proyecto de ley presentado ayer por Idoia Zenarruzabeitia es endurecer el control sobre el patrimonio de los altos cargos del Gobierno vasco. Como ya adelantó el pasado mes de febrero EL CORREO, los principales miembros de la Administración autónoma deberán hacer pública una exhaustiva declaración de su patrimonio tras la toma de posesión y hasta dos años después de su cese.
Este detalle salió a la luz hace nueve meses cuando el Ejecutivo autónomo remitió su propuesta a diferentes organismos públicos y coincidió en el tiempo con la polémica suscitada tras descubrirse que el por aquel entonces candidato del PNV a diputado general de Guipúzcoa, Jon Jauregi, habría ocultado a Hacienda buena parte de su patrimonio.
Tal y como informó este periódico, la nueva normativa exigirá a los cargos públicos que declaren todos sus bienes, incluidos valores y activos financieros negociables y sociedades en las que tengan intereses ellos o sus familiares directos: cónyuge, pareja de hecho, hijos dependientes y personas tuteladas. La finalidad: evitar la existencia de un «conflicto de intereses».
Según señaló durante su intervención la vicelehendakari, el proyecto «fija los límites a las participaciones patrimoniales en sociedades mercantiles» y, en el caso de que se «sobrepasen, la forma de acomodarse» a estos topes.
Además, no podrán invocar la condición de cargos públicos ni hacer uso de la misma en el ejercicio de ninguna actividad profesional y transmitir la información que hayan obtenido mientras han desempeñado su cargo. Además, tampoco podrán aceptar regalos, más allá de la cortesía.
El proyecto de ley que ahora se remitirá al Parlamento se centra en dos principios básicos: la dedicación plena y la retribución única. En lo que se refiere a la primera cuestión, se recalca que cualquier trabajo como alto cargo público es incompatible con otra actividad.
Por su parte, la retribución única prohíbe la percepción de cualquier emolumento con cargo a los Presupuestos públicos, así como cualquier otra remuneración que provenga de una actividad privada.
Con esta nueva regulación se pretende evitar casos como el del ex director de Inmigración del Gobierno vasco, Omer Oke, que puso en marcha una franquicia de agencia de viajes en Bilbao siete meses antes de dejar sus responsabilidades en el Ejecutivo autónomo.
Este detalle salió a la luz hace nueve meses cuando el Ejecutivo autónomo remitió su propuesta a diferentes organismos públicos y coincidió en el tiempo con la polémica suscitada tras descubrirse que el por aquel entonces candidato del PNV a diputado general de Guipúzcoa, Jon Jauregi, habría ocultado a Hacienda buena parte de su patrimonio.
Tal y como informó este periódico, la nueva normativa exigirá a los cargos públicos que declaren todos sus bienes, incluidos valores y activos financieros negociables y sociedades en las que tengan intereses ellos o sus familiares directos: cónyuge, pareja de hecho, hijos dependientes y personas tuteladas. La finalidad: evitar la existencia de un «conflicto de intereses».
Según señaló durante su intervención la vicelehendakari, el proyecto «fija los límites a las participaciones patrimoniales en sociedades mercantiles» y, en el caso de que se «sobrepasen, la forma de acomodarse» a estos topes.
Además, no podrán invocar la condición de cargos públicos ni hacer uso de la misma en el ejercicio de ninguna actividad profesional y transmitir la información que hayan obtenido mientras han desempeñado su cargo. Además, tampoco podrán aceptar regalos, más allá de la cortesía.
El proyecto de ley que ahora se remitirá al Parlamento se centra en dos principios básicos: la dedicación plena y la retribución única. En lo que se refiere a la primera cuestión, se recalca que cualquier trabajo como alto cargo público es incompatible con otra actividad.
Por su parte, la retribución única prohíbe la percepción de cualquier emolumento con cargo a los Presupuestos públicos, así como cualquier otra remuneración que provenga de una actividad privada.
Con esta nueva regulación se pretende evitar casos como el del ex director de Inmigración del Gobierno vasco, Omer Oke, que puso en marcha una franquicia de agencia de viajes en Bilbao siete meses antes de dejar sus responsabilidades en el Ejecutivo autónomo.
