CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL
Francesc de Carreras: «Es posible que a Ibarretxe se le hubieran acabado sus días como político sin su 'plan 2'»
El cofundador de Ciutadans cree que el PSOE y el PP deben pactar un consenso en política territorial tras las elecciones
EXPERTO. Francesc de Carreras, ayer en Bilbao. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
LAS JORNADAS
A Francesc de Carreras (Barcelona, 1943) muchos en Cataluña le consideran si no el principal, si uno de los grandes cerebros de Ciutadans, aunque él solo se califique como «uno más» entre los fundadores de este partido, en el que milita sin cargo. Eminente catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, en los años 60 perteneció al Partido Socialista Unificado de Cataluña -o sea, cabe suponer que corrió activamente delante de los 'grises'-, luego fue jurista de prestigio en el comité consultor de la Generalitat entre 1981 y finales del siglo pasado y, desde hace tiempo, previene contra las derivas nacionalistas y la escasa atención que los políticos prestan al ciudadano. Ayer participó en Bilbao en las segundas Jornadas sobre Constitucionalismo Vasco organizadas por la Fundación para la Libertad.
-¿Qué falla en la reforma estatutaria para que se esté dando una continua lectura crítica sobre ella?
-El debate. No se ha planteado el debate sobre la necesidad de una reforma estatutaria. El Gobierno vasco empezó con un plan por su cuenta. Y luego, la Generalitat, con otra reforma por la suya. No ha habido un planteamiento global. Zapatero, por cuestiones puramente de táctica política, ha metido a este país en una reforma de Estatutos que no tiene norte ni guía.
-Y que, a su juicio, obedece a razones electorales y no reales.
-Totalmente, Ni había necesidad desde el punto de vista institucional, por razones de que los estatutos estuvieran mal planteados, ni había necesidad social, como han revelado las encuestas en Cataluña. Y en todo ese proceso ha colaborado el PP al respaldar las reformas estatutarias en Valencia, Aragón o Baleares. No sé porque se han hecho, más allá de satisfacer al electorado de estas autonomías en su aspiración de querer igualarse a Cataluña. El nuevo Estatut, tras su paso por el Congreso, tampoco plantea cuestiones tan diferentes al anterior, a pesar de que multiplica el articulado, la letra, por seis.
-Un debate sobre la identidad tan largo como el que sucede en España, ¿ha terminado por tapar otras cuestiones fundamentales para el país?
-Estamos construyendo una nación y se priman unos factores simbólicos. Ahí se ha invertido no solo mucho dinero, sino una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y se ha abandonado que las personas sean más libres e iguales mejorando, por ejemplo, la educación, la sanidad o los transportes.
-¿Qué opinión le merece la propuesta de Ibarretxe?
-Más allá de las generales, el País Vasco tiene unas elecciones autonómicas a la vista, existen unas tensiones dentro del PNV y el propio lehendakari necesita una salida personal. No puede aceptar la derrota del otro 'plan Ibarretxe' sin más. Creo que todo eso le ha llevado a plantear un 'plan 2' más impreciso y distinto que el primero, pero sin una salida viable. Me parece que ni siquiera se toma en serio.
-¿Qué futuro tendría Ibarretxe sin ese 'plan 2'?
-Es posible que se hubiesen acabado sus días como político.
-¿Requiere la política territorial salir del debate estatutario y tomar un nuevo rumbo?
-Habría que buscar elementos de integración. En 24 años el Gobierno ha ido dando competencias y el siguiente paso debe ser la participación de las comunidades en el Gobierno a través, por ejemplo, del Senado. El PSOE ya lo planteó en el documento de Santillana en 2003 y el ministro Sevilla empezo a trabajar en ese sentido hasta que se vio perturbado por la alianza entre los socialistas y ERC. Eso le hizo entrar en la dinámica del Estatut, por la que se han terminado reformando otros estatutos en los que no había presión para hacerlo.
-Es decir, que una vez el Estado ha repartido las competencias entre las autonomías, ahora se trata de que éstas participen en el Estado.
-Claro, pero los partidos nacionalistas son profundamente antifederalistas. Mientras el Gobierno central dependa de estos apoyos no podemos seguir haciendo política autonómica. Tras las elecciones, el PSOE y el PP tienen que entenderse en cuatro aspectos: las políticas territorial, antiterrorista e internacional y en inmigración.
-Vaya, en lo que menos se entienden en la actualidad.
-Pero en los que se pueden entender. En política territorial y antiterrorista ya lo habían hecho. Eso se ha roto por cuestiones de poder.
-En caso de prosperar la consulta de Ibarretxe, ¿podría llegarse a aplicar el artículo 155 de la Constitución?
-El artículo 155 está en la Constitución, pero hay que hacer una puntualización. No se trata de la supresión de la autonomía, sino del restablecimiento de la legalidad en una comunidad. Supresión sería que se suspendiera el Parlamento y el Gobierno vascos y lo que prevé el artículo 155 no es eso, sino que el Ejecutivo central, en las cuestiones que se creen muy graves, puede ordenar a las comunidades autónomas que se cumpla la legalidad y desobedezcan a aquellos cargos autonómicos que les hagan entrar en la ilegalidad. Aunque antes que eso, hay otros medios, como el recurso contencioso-administrativo.
-¿Qué falla en la reforma estatutaria para que se esté dando una continua lectura crítica sobre ella?
-El debate. No se ha planteado el debate sobre la necesidad de una reforma estatutaria. El Gobierno vasco empezó con un plan por su cuenta. Y luego, la Generalitat, con otra reforma por la suya. No ha habido un planteamiento global. Zapatero, por cuestiones puramente de táctica política, ha metido a este país en una reforma de Estatutos que no tiene norte ni guía.
-Y que, a su juicio, obedece a razones electorales y no reales.
-Totalmente, Ni había necesidad desde el punto de vista institucional, por razones de que los estatutos estuvieran mal planteados, ni había necesidad social, como han revelado las encuestas en Cataluña. Y en todo ese proceso ha colaborado el PP al respaldar las reformas estatutarias en Valencia, Aragón o Baleares. No sé porque se han hecho, más allá de satisfacer al electorado de estas autonomías en su aspiración de querer igualarse a Cataluña. El nuevo Estatut, tras su paso por el Congreso, tampoco plantea cuestiones tan diferentes al anterior, a pesar de que multiplica el articulado, la letra, por seis.
-Un debate sobre la identidad tan largo como el que sucede en España, ¿ha terminado por tapar otras cuestiones fundamentales para el país?
-Estamos construyendo una nación y se priman unos factores simbólicos. Ahí se ha invertido no solo mucho dinero, sino una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y se ha abandonado que las personas sean más libres e iguales mejorando, por ejemplo, la educación, la sanidad o los transportes.
-¿Qué opinión le merece la propuesta de Ibarretxe?
-Más allá de las generales, el País Vasco tiene unas elecciones autonómicas a la vista, existen unas tensiones dentro del PNV y el propio lehendakari necesita una salida personal. No puede aceptar la derrota del otro 'plan Ibarretxe' sin más. Creo que todo eso le ha llevado a plantear un 'plan 2' más impreciso y distinto que el primero, pero sin una salida viable. Me parece que ni siquiera se toma en serio.
-¿Qué futuro tendría Ibarretxe sin ese 'plan 2'?
-Es posible que se hubiesen acabado sus días como político.
-¿Requiere la política territorial salir del debate estatutario y tomar un nuevo rumbo?
-Habría que buscar elementos de integración. En 24 años el Gobierno ha ido dando competencias y el siguiente paso debe ser la participación de las comunidades en el Gobierno a través, por ejemplo, del Senado. El PSOE ya lo planteó en el documento de Santillana en 2003 y el ministro Sevilla empezo a trabajar en ese sentido hasta que se vio perturbado por la alianza entre los socialistas y ERC. Eso le hizo entrar en la dinámica del Estatut, por la que se han terminado reformando otros estatutos en los que no había presión para hacerlo.
-Es decir, que una vez el Estado ha repartido las competencias entre las autonomías, ahora se trata de que éstas participen en el Estado.
-Claro, pero los partidos nacionalistas son profundamente antifederalistas. Mientras el Gobierno central dependa de estos apoyos no podemos seguir haciendo política autonómica. Tras las elecciones, el PSOE y el PP tienen que entenderse en cuatro aspectos: las políticas territorial, antiterrorista e internacional y en inmigración.
-Vaya, en lo que menos se entienden en la actualidad.
-Pero en los que se pueden entender. En política territorial y antiterrorista ya lo habían hecho. Eso se ha roto por cuestiones de poder.
-En caso de prosperar la consulta de Ibarretxe, ¿podría llegarse a aplicar el artículo 155 de la Constitución?
-El artículo 155 está en la Constitución, pero hay que hacer una puntualización. No se trata de la supresión de la autonomía, sino del restablecimiento de la legalidad en una comunidad. Supresión sería que se suspendiera el Parlamento y el Gobierno vascos y lo que prevé el artículo 155 no es eso, sino que el Ejecutivo central, en las cuestiones que se creen muy graves, puede ordenar a las comunidades autónomas que se cumpla la legalidad y desobedezcan a aquellos cargos autonómicos que les hagan entrar en la ilegalidad. Aunque antes que eso, hay otros medios, como el recurso contencioso-administrativo.
