
La antigua edil -a la que el PP dio de baja hace tres años- y su compañero han sido denunciados por siete parejas jóvenes de la ciudad por cobrarles dinero -entre 12.000 y 18.000 euros- con la promesa fraudulenta de agilizarles el acceso sin sorteo a viviendas de protección oficial en el barrio de Lakua. Pisos que, sin embargo, ya estaban adjudicados a otras personas. La pareja fue detenida por la Ertzaintza el pasado miércoles y ayer por la mañana pasó a disposición judicial.
Los dos acusados declararon durante más de una hora ante el juez que instruye el caso. Las diligencias incluyen la existencia de siete denuncias formales de presuntos afectados e incorporan, además, la declaración de una decena de testigos. El procedimiento se inició en el mes de agosto en el Juzgado de Instrucción número 3, aunque luego pasó al 4, que se ha encargado de su tramitación.
En el trancurso del interrogatorio, Raquel Martínez Duval y su pareja se declararon inocentes y negaron ante el magistrado los hechos que se les imputan, explicó el letrado de oficio que les atiende. «Ella está muy afectada», contó el abogado. Mientras tanto, tres familiares de los imputados presentes en el Palacio de Justicia recibieron con muestras de alegría que el juez fijase una fianza que puede permitirles salir en libertad con cargos. Sin embargo, al no poder hacerla efectiva en la tarde de ayer, ingresaron en la cárcel de Nanclares, según confirmó este diario.
«Más casos aún»
Personas que han vivido de cerca alguna de las experiencias de engaño, en las que la detenida aludía a sus «contactos» con el PP, el Ayuntamiento o la empresa de vivienda del Gobierno vasco -que todos han negado- para 'garantizar' los pisos, aseguraron a EL CORREO que el número de casos «puede ser mayor y quizás ahora salgan a relucir».
El Partido Popular, al que Martínez Duval representó como concejala en Vitoria entre 1999 y 2003, se desvinculó desde el primer momento de la acusada. Fuentes de la formación recordaron que fue invitada a darse de baja del partido en 2004, al tener conocimiento de que utilizaba su nombre para gestiones profesionales o privadas, en su «beneficio personal». En esa época ya tuvo problemas con la Justicia por un negocio de pintura que había promovido, y que se saldó con el despido de empleados.
«Nos alegra muchísimo que todos los pícaros y sinvergüenzas estén encausados, cogidos por la justicia» , declaró el jueves el dirigente popular Javier de Andrés.











