
La Audiencia confirma el auto de procesamiento del Juzgado de Instrucción número 4 de Getxo, encargado del caso. La decisión judicial señala que es «diáfano» que la acusación «debe ser mantenida» ya que la investigación realizada arroja «indicios sólidos» de que Goiriena y Barranquero «disponían» a su favor de fondos de la UPV de las denominadas UGA -Unidades de Gasto Autorizado-, reservados a impartir cursos y másteres, «para fines ajenos a la actividad formativa a la que iban destinados». Avala la imputación por falsedad documental contra los dos profesores por «haber confeccionado o utilizado» facturas que «no se correspondían con la contratación de servicios y bienes que se consignaban en los documentos».
Largo proceso
Este largo proceso judicial comenzó en el año 2000 con la querella que presentó la UPV contra el entonces decano de Medicina y la responsable de Estomatología, tras detectar numerosas irregularidades en la gestión del departamento. La investigación judicial reveló que entre 1994 y 2000 los dos catedráticos «dispusieron a su antojo» del dinero que la UPV dedicaba a sufragar gastos derivados de impartir cursos y másteres. Tanto Goiriena como Barranquero utilizaron esas partidas, según detallaba el primer auto del juez, a pagar a las empresas en las que ellos figuraban como socios únicos y sin que esos pagos se correspondieran con la prestación de servicio alguno. Las pesquisas del juzgado constataban también que los dos profesores abonaron viajes al extranjero sin justificar con cargo a los fondos destinados a los másteres y cursos.
La investigación que realizó la UPV en su día reveló que, en concreto, el decano y la directora de área viajaron juntos a congresos en Viena, Venecia o Sudáfrica con el dinero reservado para la formación de alumnos. La Universidad les acusó en su denuncia de quince delitos económicos, entre los que destaca el abono de más de 138.000 euros a sus propias empresas y 'autopagos' superiores a los 200.000 euros.
Los docentes presentaron facturas de varias sociedades para tratar de justificar que el dinero que cogían de las 'UGA' iba dirigido a la organización de másteres y cursos de formación. La Audiencia, en este último auto, describe las irregularidades detectadas en esos documentos aportados por los imputados. «Las cuatro sociedades tenían su domicilio social fuera de esta provincia, su único cliente era la UPV, en ninguna se realizaba actividad administrativa en la sede social, no llevaban contabilidad, no realizaban declaraciones fiscales, y los trabajos presentados carecen de membrete y firma de quien los ha realizado», detalla.
El auto del juzgado de instrucción de Getxo, que avala ahora la Audiencia vizcaína, ordena la apertura de juicio oral contra Barranquero y Goiriena. Los dos profesores continúan con su labor docente en la Facultad de Medicina y Odontología de la UPV. Pertenecen al Departamento de Estomatología, un área en la que se han registrado denuncias por mobbing entre profesores, que están relacionadas con el litigio en el que está implicado el ex decano.








