Efecto mariposa
La inflación se dispara al 4,1% y vaticina fuertes subidas de salarios y pensiones
El Estado deberá pagar 3.000 millones de euros, la mayor cifra de la historia, para evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo
UN MAL SUEÑO. Pedro Solbes, ayer, en el Congreso. / EFE
LAS FRASES
Los peores pronósticos sobre la inflación se han cumplido. Espoleados por el petróleo y los alimentos básicos, los precios de consumo se dispararon un 4,1% en noviembre, cinco décimas más que en octubre y la tasa más alta desde enero de 2006. Una vez se confirme este dato a mediados de diciembre -la estimación conocida ayer es el indicador adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE) calculado con criterios armonizados para toda la zona euro-, se sabrá con exactitud el coste de la actualización de las pensiones, aunque ya se puede pronosticar que se aproximará a los 3.000 millones de euros, la cifra más elevada de la historia. Este varapalo para las finanzas públicas se verá acompañado de un incremento de los salarios muy superior al previsto por las empresas. Como la mayoría de los convenios toman de referencia el IPC del año anterior más un diferencial, los aumentos pueden llegar en algunos casos al 5% en 2008. En resumen, menos competitividad para las compañías españolas, que ya están sufriendo en los mercados exteriores por la fortaleza del euro.
Este más que preocupante repunte de la inflación constituye un auténtico revés para el Gobierno socialista a poco más de tres meses de las elecciones. El Ejecutivo, que a principios de ejercicio confiaba incluso en acercarse al 2%, ha tenido que dar por perdida esta batalla tras verse totalmente desbordado: el IPC supera en un punto y medio la tasa vigente a estas alturas del año pasado, tras crecer dos puntos en apenas tres meses. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, apuntó, con resignación, que el pésimo dato conocido ayer, a pesar de ser el mayor incremento registrado en noviembre en 22 años, no ha sido «una sorpresa». Según explicó, se venía venir por la evolución del petróleo y de los alimentos aunque reconoció que ha sido algo peor a lo previsto. También admitió que los precios no han tocado techo y que continuarán en niveles «relativamente altos» en los próximos meses.
«Soluciones mágicas»
El ministro de Economía y Hacienda advirtió de que no existen «soluciones mágicas» para este problema. A su juicio, sólo cabe «trabajar a largo plazo» en aspectos como el menor consumo energético y una mayor liberalización en la distribución. La oposición, claro está, no se conformó con estas explicaciones. Mariano Rajoy, líder del PP, acusó al Gobierno de haberse «quedado quieto» y aseguró que las «reformas fiscales y económicas» que él propone aliviarán las tensiones.
En el País Vasco, Confebask expresó su preocupación por la escalada de la inflación, aunque reconoció que es consecuencia de «elementos ajenos a nuestro control como el petróleo y los alimentos». Eduardo Aretxaga, director económico de la patronal, explicó que si esta subida se traslada a los costes de fabricación, las empresas vascas van a sufrir una grave pérdida de competitividad en un momento ya de por sí complicado por el alza de tipos, el encarecimiento de las materias primas y la fortaleza del euro. En su opinión, a corto plazo sólo se pueden adoptar medidas como evitar que la Administración eche más leña al fuego con una subida de los precios regulados.
La solución parece lejana y la 'factura' a pagar, muy cercana. La inflación de noviembre es la que se toma de referencia para la actualización de las pensiones que, a principios de año, como es habitual, sólo subieron el 2% recomendado por el Banco Central Europeo. Para evitar que más de ocho millones de ciudadanos pierdan poder adquisitivo, el Estado debe cubrir la diferencia hasta llegar al 4,1%, lo que representa un coste superior a los 3.000 millones de euros, ya que cada décima de desvío supone 144 millones. El índice publicado todavía es provisional, pero la experiencia demuestra que el definitivo apenas varía. El dato real, correspondiente a noviembre, se conocerá el próximo 14 de diciembre. Hasta ahora, el mayor descontrol de los precios se dio en el año 2000, cuando la inflación también fue del 4,1%. Se pagaron 2.133 millones de euros.
La subida incidirá también en los salarios y en la negociación colectiva. En el País vasco, aproximadamente un tercio de los convenios laborales tienen cláusula de revisión salarial, en especial en Álava, que previene situaciones como la ahora surgida. Aunque es muy difícil de calcular la repercusión global de la aplicación de las citadas cláusulas, fuentes sindicales señalaron que podría elevar en un punto las retribuciones globales de 2007. El pasado año, con un desvío de siete décimas, el impacto fue de 0,23 puntos.
Este más que preocupante repunte de la inflación constituye un auténtico revés para el Gobierno socialista a poco más de tres meses de las elecciones. El Ejecutivo, que a principios de ejercicio confiaba incluso en acercarse al 2%, ha tenido que dar por perdida esta batalla tras verse totalmente desbordado: el IPC supera en un punto y medio la tasa vigente a estas alturas del año pasado, tras crecer dos puntos en apenas tres meses. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, apuntó, con resignación, que el pésimo dato conocido ayer, a pesar de ser el mayor incremento registrado en noviembre en 22 años, no ha sido «una sorpresa». Según explicó, se venía venir por la evolución del petróleo y de los alimentos aunque reconoció que ha sido algo peor a lo previsto. También admitió que los precios no han tocado techo y que continuarán en niveles «relativamente altos» en los próximos meses.
«Soluciones mágicas»
El ministro de Economía y Hacienda advirtió de que no existen «soluciones mágicas» para este problema. A su juicio, sólo cabe «trabajar a largo plazo» en aspectos como el menor consumo energético y una mayor liberalización en la distribución. La oposición, claro está, no se conformó con estas explicaciones. Mariano Rajoy, líder del PP, acusó al Gobierno de haberse «quedado quieto» y aseguró que las «reformas fiscales y económicas» que él propone aliviarán las tensiones.
En el País Vasco, Confebask expresó su preocupación por la escalada de la inflación, aunque reconoció que es consecuencia de «elementos ajenos a nuestro control como el petróleo y los alimentos». Eduardo Aretxaga, director económico de la patronal, explicó que si esta subida se traslada a los costes de fabricación, las empresas vascas van a sufrir una grave pérdida de competitividad en un momento ya de por sí complicado por el alza de tipos, el encarecimiento de las materias primas y la fortaleza del euro. En su opinión, a corto plazo sólo se pueden adoptar medidas como evitar que la Administración eche más leña al fuego con una subida de los precios regulados.
La solución parece lejana y la 'factura' a pagar, muy cercana. La inflación de noviembre es la que se toma de referencia para la actualización de las pensiones que, a principios de año, como es habitual, sólo subieron el 2% recomendado por el Banco Central Europeo. Para evitar que más de ocho millones de ciudadanos pierdan poder adquisitivo, el Estado debe cubrir la diferencia hasta llegar al 4,1%, lo que representa un coste superior a los 3.000 millones de euros, ya que cada décima de desvío supone 144 millones. El índice publicado todavía es provisional, pero la experiencia demuestra que el definitivo apenas varía. El dato real, correspondiente a noviembre, se conocerá el próximo 14 de diciembre. Hasta ahora, el mayor descontrol de los precios se dio en el año 2000, cuando la inflación también fue del 4,1%. Se pagaron 2.133 millones de euros.
La subida incidirá también en los salarios y en la negociación colectiva. En el País vasco, aproximadamente un tercio de los convenios laborales tienen cláusula de revisión salarial, en especial en Álava, que previene situaciones como la ahora surgida. Aunque es muy difícil de calcular la repercusión global de la aplicación de las citadas cláusulas, fuentes sindicales señalaron que podría elevar en un punto las retribuciones globales de 2007. El pasado año, con un desvío de siete décimas, el impacto fue de 0,23 puntos.
