ÁLAVA
La juez cita a declarar a Antón Sáenz de Santa María como testigo en el 'caso Ali'
Su comparecencia, prevista para el martes, ha sido pospuesta El abogado del ex director de Urbanismo pide el archivo de la causa abierta por el sobreprecio de los chalés de Ibaiondo
01.12.07 -
El que fuera director municipal de Urbanismo con el gobierno del PP, Antón Sáenz de Santa María, deberá declarar como testigo ante la juez que investiga si su antiguo jefe, el ex concejal popular Jorge Ibarrondo, cometió o no un delito de prevaricación urbanística al conceder a la empresa Salgado Iglesias licencia para construir siete chalés en un solar que, según sostiene la Fiscalía de Vitoria, tan sólo podía albergar seis unifamilares dado que su superficie es «inferior a 2.000 metros cuadrados».
La comparecencia de Sáenz de San María ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 -encargada del denominado 'caso Ali'- estaba prevista para el próximo martes pero ha sido pospuesta hasta una fecha todavía no concretada, ante la imposibilidad del abogado de Ibarrondo de asistir al palacio de Justicia ese día, según pudo saber ayer EL CORREO.
La declaración testifical del alto funcionario ante la juez Ana Jesús Zulueta fue solicitada por los letrados de la acusación popular que representan a EB y PNV, después de que el edil declarase en el Juzgado que autorizó el séptimo chalé de Ali porque así lo avaló un técnico municipal cuyo nombre no recordaba. El propio Ibarrondo aseguró también que todo lo que él firmaba estaba «cotejado» previamente por Sáenz de Santa María.
Ese funcionario está imputado en otro juzgado, el de Instrucción número 1, por presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho, tras la denuncia presentada por la Fiscalía acerca del sobreprecio de los chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo. Veinticuatro casas cuyos adjudicatarios tuvieron que pagar por cada una 54.000 euros adicionales sobre el importe fijado por el pleno municipal.
«No hay indicios»
El abogado de Sáenz de Santa María ha solicitado a la juez el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas a su cliente, al entender que no «hay indicio» alguno de su culpabilidad.
En síntesis, el letrado alega que el funcionario «no emitió ninguna resolución administrativa» sobre la cuestión y que sólo suscribió una «nota informativa», en la que emitió «una opinión» sobre el precio de los chalés, «que carece de efectos jurídicos». Asimismo, señala que quien fijó los precios «no fue el Ayuntamiento sino la Agencia Municipal de Renovación Urbana», una sociedad anónima cuya responsable, Ana Aguirre, deberá declarar como testigo.
La comparecencia de Sáenz de San María ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 -encargada del denominado 'caso Ali'- estaba prevista para el próximo martes pero ha sido pospuesta hasta una fecha todavía no concretada, ante la imposibilidad del abogado de Ibarrondo de asistir al palacio de Justicia ese día, según pudo saber ayer EL CORREO.
La declaración testifical del alto funcionario ante la juez Ana Jesús Zulueta fue solicitada por los letrados de la acusación popular que representan a EB y PNV, después de que el edil declarase en el Juzgado que autorizó el séptimo chalé de Ali porque así lo avaló un técnico municipal cuyo nombre no recordaba. El propio Ibarrondo aseguró también que todo lo que él firmaba estaba «cotejado» previamente por Sáenz de Santa María.
Ese funcionario está imputado en otro juzgado, el de Instrucción número 1, por presuntos delitos de prevaricación urbanística, falsedad documental y cohecho, tras la denuncia presentada por la Fiscalía acerca del sobreprecio de los chalés bioclimáticos tasados de Ibaiondo. Veinticuatro casas cuyos adjudicatarios tuvieron que pagar por cada una 54.000 euros adicionales sobre el importe fijado por el pleno municipal.
«No hay indicios»
El abogado de Sáenz de Santa María ha solicitado a la juez el sobreseimiento y archivo de las diligencias abiertas a su cliente, al entender que no «hay indicio» alguno de su culpabilidad.
En síntesis, el letrado alega que el funcionario «no emitió ninguna resolución administrativa» sobre la cuestión y que sólo suscribió una «nota informativa», en la que emitió «una opinión» sobre el precio de los chalés, «que carece de efectos jurídicos». Asimismo, señala que quien fijó los precios «no fue el Ayuntamiento sino la Agencia Municipal de Renovación Urbana», una sociedad anónima cuya responsable, Ana Aguirre, deberá declarar como testigo.
