PATRIMONIO
Cincuenta vizcaínos muertos sin testamento han dejado al Estado 5,5 millones en siete años
Hacienda ha repartido los fondos entre 81 instituciones que trabajan con enfermos, discapacitados, ancianos y colectivos de exclusión social
RESPONSABLE. Alberto López Berrozpe es el jefe de Patrimonio del Estado en Vizcaya. / MIREYA LÓPEZ
Si las muertes causan siempre un profundo dolor y tristeza entre los familiares y allegados de los finados, hay defunciones que, paradójicamente, provocan, aunque sólo sea por motivos pecuniarios, una inesperada alegría a las administraciones públicas al percibir unos ingresos imprevistos -en algunos casos millonarios- que distribuyen entre instituciones dedicadas a la ayuda de los colectivos más desfavorecidos.
La delegación del Ministerio de Hacienda en Vizcaya ha recibido 5,5 millones de euros en los siete últimos años, procedentes de medio centenar de vizcaínos que fallecieron sin haber dejado hecho el testamento. Dos terceras partes del legado económico -casi 4 millones- sufragan instituciones sociales, mientras que el resto engrosa las arcas del Tesoro Público.
Entre las 81 entidades perceptoras figuran asociaciones populares como Cáritas y Gorabide, que trabaja con personas con discapacidad intelectual; residencias de ancianos; instituciones dedicadas al cuidado de enfermos como Avifes, Apnabi o Coorvisor; y Askabide, que persigue la integración social y laboral de prostitutas.
Al no tener herederos legítimos ni nadie que reclame la opción de disfrutar de su legado, el destino de los bienes e inmuebles de estos finados, así como las cuentas registradas en sus depósitos bancarios, es siempre el mismo: las arcas de la hacienda de la Diputación foral de Vizcaya -cuando los difuntos están empadronados en municipios aforados- o las de la delegación de la Administración estatal.
Según el jefe del Servicio del Patrimonio del Estado en Vizcaya, Alberto López Berrozpe, «a falta de testamento», la ley llama a «determinadas personas a heredar al difunto»: parientes hasta el cuarto grado y cónyuge viudo. «Faltando estas personas», subraya López Berrozpe, un decreto instaurado en 1971 regula la sucesión 'abintestato', que convierte al Estado -o comunidades autónomas- en heredero. La ley fija las condiciones del reparto, que canaliza a través de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias.
En tres partes
Este órgano, presidido por el delegado del Gobierno, establece el uso de las donaciones en base a unos parámetros inalterables: una tercera parte se dirige a instituciones benéficas radicadas en el último municipio donde residió el fallecido y otra tercera va a entidades provinciales «del mismo carácter». El último tercio se ingresa directamente en el Tesoro Público.
Desde diciembre de 2000, cuando la Hacienda central realizó la primera de la cinco subastas llevadas a cabo desde la entrada del nuevo siglo, cincuenta vizcaínos fallecidos sin testar han legado sus bienes al Estado. Si en 2000 una quincena de abintestatos aportó 290.000 euros, esta cifra se disparó en 2003, gracias fundamentalmente a la contribución de dos decesos. Los de las difuntas bilbaínas Clara Busto Picavea y Mercedes Anduiza Goenaga.
La primera dejó un espectacular lote, valorado en casi 2,7 millones, mientras que la herencia de la segunda, algo más modesta, rondó los 610.000 euros. Curiosamente, las mayores contribuciones han tenido siempre como protagonistas a mujeres y vecinas de la capital vizcaína. Destaca también la aportación de Celia Bilbao Urrechaga. Con parte de los 300.00 euros que dejó en 2003, la asociación T-4 recibió un fuerte impulso en la lucha contra el sida, mientras que los 135.000 euros de la gernikesa Carmen Meaurio fueron a parar, entre otros, a grupos a Unicef.
Con nombre de mujer
Durante los ejercicios posteriores, las contribuciones han experimentado un sensible descenso. En 2004, el Estado distribuyó 255.000 euros, correspondientes a los bienes de una decena de fallecidos vizcaínos, mientras que la subasta del pasado verano reportó 337.000 euros. López Berrozpe afirma que «quedan pendientes de reparto» 383.372 euros y que actualmente existen 16 abintestatos «en curso». Una cifra notable comparada con los datos de la vecina Álava. Este territorio ha recibido por vía intestada en los últimos 35 años, a través de su delegación de Economía, sólo 21 herencias. A principios de año repartió 514.000 euros.
No obstante, Berrozpe confía en reforzar las arcas mediante un procedimiento legal que anima a los ciudadanos a 'descubrir' y notificar la existencia de «herencias sin beneficiarios». La Administración gratifica este 'trabajo de investigación', del que quedan excluidos los funcionarios, con un premio equivalente al 10% de los bienes tasados que pasan al erario público.
La delegación del Ministerio de Hacienda en Vizcaya ha recibido 5,5 millones de euros en los siete últimos años, procedentes de medio centenar de vizcaínos que fallecieron sin haber dejado hecho el testamento. Dos terceras partes del legado económico -casi 4 millones- sufragan instituciones sociales, mientras que el resto engrosa las arcas del Tesoro Público.
Entre las 81 entidades perceptoras figuran asociaciones populares como Cáritas y Gorabide, que trabaja con personas con discapacidad intelectual; residencias de ancianos; instituciones dedicadas al cuidado de enfermos como Avifes, Apnabi o Coorvisor; y Askabide, que persigue la integración social y laboral de prostitutas.
Al no tener herederos legítimos ni nadie que reclame la opción de disfrutar de su legado, el destino de los bienes e inmuebles de estos finados, así como las cuentas registradas en sus depósitos bancarios, es siempre el mismo: las arcas de la hacienda de la Diputación foral de Vizcaya -cuando los difuntos están empadronados en municipios aforados- o las de la delegación de la Administración estatal.
Según el jefe del Servicio del Patrimonio del Estado en Vizcaya, Alberto López Berrozpe, «a falta de testamento», la ley llama a «determinadas personas a heredar al difunto»: parientes hasta el cuarto grado y cónyuge viudo. «Faltando estas personas», subraya López Berrozpe, un decreto instaurado en 1971 regula la sucesión 'abintestato', que convierte al Estado -o comunidades autónomas- en heredero. La ley fija las condiciones del reparto, que canaliza a través de la Junta Provincial Distribuidora de Herencias.
En tres partes
Este órgano, presidido por el delegado del Gobierno, establece el uso de las donaciones en base a unos parámetros inalterables: una tercera parte se dirige a instituciones benéficas radicadas en el último municipio donde residió el fallecido y otra tercera va a entidades provinciales «del mismo carácter». El último tercio se ingresa directamente en el Tesoro Público.
Desde diciembre de 2000, cuando la Hacienda central realizó la primera de la cinco subastas llevadas a cabo desde la entrada del nuevo siglo, cincuenta vizcaínos fallecidos sin testar han legado sus bienes al Estado. Si en 2000 una quincena de abintestatos aportó 290.000 euros, esta cifra se disparó en 2003, gracias fundamentalmente a la contribución de dos decesos. Los de las difuntas bilbaínas Clara Busto Picavea y Mercedes Anduiza Goenaga.
La primera dejó un espectacular lote, valorado en casi 2,7 millones, mientras que la herencia de la segunda, algo más modesta, rondó los 610.000 euros. Curiosamente, las mayores contribuciones han tenido siempre como protagonistas a mujeres y vecinas de la capital vizcaína. Destaca también la aportación de Celia Bilbao Urrechaga. Con parte de los 300.00 euros que dejó en 2003, la asociación T-4 recibió un fuerte impulso en la lucha contra el sida, mientras que los 135.000 euros de la gernikesa Carmen Meaurio fueron a parar, entre otros, a grupos a Unicef.
Con nombre de mujer
Durante los ejercicios posteriores, las contribuciones han experimentado un sensible descenso. En 2004, el Estado distribuyó 255.000 euros, correspondientes a los bienes de una decena de fallecidos vizcaínos, mientras que la subasta del pasado verano reportó 337.000 euros. López Berrozpe afirma que «quedan pendientes de reparto» 383.372 euros y que actualmente existen 16 abintestatos «en curso». Una cifra notable comparada con los datos de la vecina Álava. Este territorio ha recibido por vía intestada en los últimos 35 años, a través de su delegación de Economía, sólo 21 herencias. A principios de año repartió 514.000 euros.
No obstante, Berrozpe confía en reforzar las arcas mediante un procedimiento legal que anima a los ciudadanos a 'descubrir' y notificar la existencia de «herencias sin beneficiarios». La Administración gratifica este 'trabajo de investigación', del que quedan excluidos los funcionarios, con un premio equivalente al 10% de los bienes tasados que pasan al erario público.
