ECONOMÍA
EA trasladará al Parlamento vasco su demanda de armonización fiscal
La Cámara de Vitoria nunca ha utilizado la potestad que le otorgan las leyes para establecer los criterios claves de la normativa tributaria en Euskadi
06.12.07 -
PERDEDORES. El diputado de Hacienda, Pello González (EA), con el socialista Miguel Buen. / L. MICHELENA
El Gobierno vasco veía con auténtico terror que el PSE adoptase la iniciativa de exigir en el Parlamento una armonización tributaria en Euskadi si se consumaba la aprobación del 30% como tipo impositivo en Guipúzcoa para los beneficios de las empresas. Al final ha sido su socio de Eusko Alkartasuna quien se ha adelantado a abanderar esta idea al anunciar que llevará el problema de la fiscalidad a un debate en la Cámara de Vitoria, que promete reflejar una nueva imagen de división del Ejeecutivo. La fórmula para articular esta decisión no la ha concretado por el momento, pero podría traducirse en una proposición de ley.
El mensaje de EA contiene una velada amenaza: los partidarios de gravar las ganancias de las compañías con un 28% -el PNV y EA- están en minoría en el Legislativo vasco, por lo que se arriesgan a perder las votaciones.
Si el entramado institucional en Euskadi es complejo, variado y abultado, la legislación sigue un curso paralelo. Así, nadie ha conseguido aclarar todavía cómo se pueden conjugar normas que contienen planteamientos completamente diferentes o que plantean grandes agujeros negros. La única salida airosa que se ha encontrado hasta ahora ha sido la de mirar para otro lado y desactivar, por la vía de 'falta de uso', algunas competencias. Así, por ejemplo, mientras el Concierto Económico -con rango de ley orgánica- hace recaer en las instituciones forales la potestad de regular la fiscalidad -cada Diputación puede aprobar la que crea oportuna-, la Ley de Territorios Históricos y la de Armonización Fiscal, ambas aprobadas por el Parlamento vasco y con menor rango, otorgan al Gobierno y a la Cámara de Vitoria algunas competencias de coordinación e incluso de establecimiento de las grandes líneas de la tributación en los territorios.
El procedimiento, sin embargo, no está claro. De la lectura de la Ley de Armonización Fiscal se desprende que debería ser el Ejecutivo vasco el que, cuando se plantee un proceso de reforma y tras escuchar las recomendaciones del Órgano de Coordinación Tributaria -herido de gravedad tras los últimos encontronazos-, establezca los criterios en relación con los elementos claves -el tipo de gravamen está considerado uno de ellos- y remitir un proyecto de ley al Parlamento. El Gobierno, pese a que esa norma está en vigor desde hace 18 años, jamás ha adoptado esa iniciativa.
El desconcierto sobre el funcionamiento de esta potestad armonizadora es tal que nadie es capaz de aclarar qué sucedería si el Legislativo decidiera armonizar por ley el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades y cualquiera de las diputaciones se negase a aceptar semejante medida esgrimiendo las competencias exclusivas que en esa materia le concede el Concierto Económico. Es una especie de bucle sin fin.
El mensaje de EA contiene una velada amenaza: los partidarios de gravar las ganancias de las compañías con un 28% -el PNV y EA- están en minoría en el Legislativo vasco, por lo que se arriesgan a perder las votaciones.
Si el entramado institucional en Euskadi es complejo, variado y abultado, la legislación sigue un curso paralelo. Así, nadie ha conseguido aclarar todavía cómo se pueden conjugar normas que contienen planteamientos completamente diferentes o que plantean grandes agujeros negros. La única salida airosa que se ha encontrado hasta ahora ha sido la de mirar para otro lado y desactivar, por la vía de 'falta de uso', algunas competencias. Así, por ejemplo, mientras el Concierto Económico -con rango de ley orgánica- hace recaer en las instituciones forales la potestad de regular la fiscalidad -cada Diputación puede aprobar la que crea oportuna-, la Ley de Territorios Históricos y la de Armonización Fiscal, ambas aprobadas por el Parlamento vasco y con menor rango, otorgan al Gobierno y a la Cámara de Vitoria algunas competencias de coordinación e incluso de establecimiento de las grandes líneas de la tributación en los territorios.
El procedimiento, sin embargo, no está claro. De la lectura de la Ley de Armonización Fiscal se desprende que debería ser el Ejecutivo vasco el que, cuando se plantee un proceso de reforma y tras escuchar las recomendaciones del Órgano de Coordinación Tributaria -herido de gravedad tras los últimos encontronazos-, establezca los criterios en relación con los elementos claves -el tipo de gravamen está considerado uno de ellos- y remitir un proyecto de ley al Parlamento. El Gobierno, pese a que esa norma está en vigor desde hace 18 años, jamás ha adoptado esa iniciativa.
El desconcierto sobre el funcionamiento de esta potestad armonizadora es tal que nadie es capaz de aclarar qué sucedería si el Legislativo decidiera armonizar por ley el tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades y cualquiera de las diputaciones se negase a aceptar semejante medida esgrimiendo las competencias exclusivas que en esa materia le concede el Concierto Económico. Es una especie de bucle sin fin.
