Trascendiendo al Código de Conducta para las compras de este género de material que la UE se dio el año pasado, y al que España ha terminado recientemente por adherirse, lo que la Comisión quiere ahora es introducir transparencia en las licitaciones públicas que realizan las administraciones nacionales para aprovisionarse de armas.
No es un objetivo éste fácil de satisfacer. Las compras de suministros militares de los países miembros de la UE rondan los 30.000 millones anuales, y de ellos, más o menos la mitad se contratan con proveedores de terceros países. Y los Estados miembros hacen frecuente apelación al artículo 296 del Tratado, para sustraer los contratos de defensa a las obligaciones sobre las licitaciones públicas reguladas por la reglamentación comunitaria.
La Comisión entiende que el actual marco jurídico, fragmentado e inadecuado, constituye un obstáculo real para el buen funcionamiento del mercado europeo de la Defensa, como manifestaban ayer Günter Verheugen, vicepresidente de la Comisión responsable de Empresas y Charlie McCreevy, comisario de Mercado Interior. Según ellos, todos los años se malgastan 400 millones, que un modelo de licitaciones públicas más transparente permitiría ahorrar.
De modo que la Comisión propone una directiva para mejorar la transparencia en el sector, que se aplicaría a las licitaciones de armamento, munición, material de guerra y cierto material de usos militares no específicos, pero calificable de «sensible».







