
La coacción se produce porque el juez entiende que se obliga al sacerdote a «paralizar a la fuerza» un libro sobre la Catedral de Granada encargado por el anterior arzobispo, Antonio Cañizares, financiado por CajaSur y coordinado por el sacerdote denunciante. De no hacerlo así, el cura se enfrentaba a su cese, presión que fue acompañada de la suspensión de sueldo. El juez reconoce que el origen de esta causa es el «enfrentamiento» que el actual arzobispo mantiene desde hace años con la entidad CajaSur.
La falta de injurias se debe a las expresiones proferidas sobre la supuesta apropiación indebida por el denunciante de bienes del archivo de la catedral. La sentencia, de 43 folios, las consideraba «innecesarias y excesivas», ya que no existe el menor elemento que permita pensar que Martínez Medina se apropió de algo que no fuera suyo.
El arzobispo deberá pagar diez euros durante doce meses por las coacciones y diez euros durante quince días por las injurias. La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, ex instructor del 'caso Malaya'.
Martínez Medina se querelló contra el arzobispo después de que en febrero del año pasado acabara sin avenencia el acto de conciliación en el que estaba llamado a participar el prelado tras ser demandado por aquél. Durante el juicio, celebrado en noviembre, el denunciante acusó al prelado, además de los citados delitos, de provocar incluso una situación que había adelantado la muerte de su madre.
«Muy contento»
El arzobispo, por su parte, negó las acusaciones, alegando que nunca quiso perjudicar al religioso y que la divulgación del asunto se hizo para «dañar a la Iglesia». Mantuvo que todas las actuaciones «son actos de gobierno interno de la Iglesia» y, por tanto, «competencia de la jurisdicción de un Obispo Diocesano en el libre ejercicio de su ministerio». Afirmó, además, que tenía potestad para paralizar un proyecto que él creía sin interés.
La Fiscalía pedía la absolución para el arzobispo, al que consideró «víctima» de un caso «insólito y único en España». Pero la sentencia dice que, aunque el arzobispo tiene efectivamente potestad para dirigir la Iglesia en Granada, no ve acertada la forma en que el sacerdote fue presionado. El cura denunciante, por su parte, mostró ayer su «satisfacción» por la sentencia y reconoció estar «muy contento» porque ésta le da «la razón».







