La Ley de Dependencia es, sin duda, la medida más ambiciosa que se ha aprobado en esta legislatura. Ha sido aprobada, además, por unanimidad de los partidos con representación parlamentaria, lo cual la convierte en rara avis, qué digo rara avis, en un milagro extraordinario. Pero el éxito de la idea contiene una amenaza para su viabilidad: su puesta en práctica es muy cara y la estructura de la pirámide de población va a determinar que cada vez vayamos a ser más los aspirantes a beneficiarios, porque el tiempo nos acabará alcanzando, es ley de vida, y cada vez serán menos los paganos, aunque los inmigrantes paliarán en parte, sólo en parte, la carencia de mano de obra.
La bondad de la propuesta es indudable, aunque todavía falta algo de carpintería para que pueda ser la cuarta pata efectiva del Estado del bienestar. Todas las necesidades de la población dependiente en el futuro no pueden salir íntegramente de las arcas públicas. No hay tanto dinero. Por eso, las medidas de reconocimiento de deuda, con las correcciones que sean necesarias, deben ser implantadas para que los beneficiarios puedan desacumular su patrimonio, como ya hace el Departamento de Acción Social desde el año pasado. Los herederos deberán optar entre hacerse cargo del abuelo o renunciar al piso y el sistema deberá articularse de manera que no suscite malos pensamientos entre los aspirantes. ¿Quién querría ser hormiga si se puede ser cigarra y tener las mismas prestaciones?





