
Esta fórmula no convencía al Gobierno vasco, mientras que la Diputación la considera básica para garantizar la financiación de un servicio cuya demanda no para de crecer. Finalmente, se han puesto de acuerdo. Los usuarios responderán de la deuda generada con su vivienda habitual, pero siempre que no supere el valor de un 'piso tipo' que se calculará con datos oficiales. Esto, en la práctica, excluirá a muchos ancianos. La institución foral quiere adelantarse a la ley y «dulcificar» el reconocimiento de deuda mediante un decreto en el primer trimestre de 2008.
«No tenemos ningún afán recaudatorio», afirmó el diputado de Acción Social, Juan María Aburto. «Siempre hemos querido hacer algo medianamente justo». El departamento ya había anunciado su intención de reducir la aportación económica de los usuarios, que ahora pueden llegar a pagar, entre unas y otras aportaciones, hasta el 90% del coste del servicio.
Ponencia en las Juntas
Aún no se han definido todos los detalles de la nueva ley, aunque todo apunta a que se aplicará con carácter retroactivo en beneficio de los ciudadanos. La Diputación sostiene que en este tiempo no se ha ejecutado ningún reconocimiento de deuda sobre un inmueble, aunque sí ha habido familiares que han acudido a levantar la hipoteca.
La financiación de los servicios sociales será uno de los temas centrales de la ponencia de las Juntas Generales sobre la atención a las personas dependientes. Ayer se aprobó por unanimidad la puesta en marcha de este grupo de trabajo, que empezará a funcionar a mediados de enero. PNV, PSE, PP y EB han impulsado la apertura de un debate en profundidad, que se enriquecerá con la participación de expertos y se plasmará en un informe.





