UN COTO DE SETAS
En un principio se iba a adjudicar mediante una subasta, lo mismo que ocurre con los acotados de caza, pero finalmente se ha optado por el permiso para un día. La licencia deberá ser pedida en el Ayuntamiento de Treviño. Tras el pago correspondiente de los 5 euros, el solicitante tendrá derecho a coger 3 kilos de 'cantharellus' y otros 2 de las distintas variedades de setas que nacen en esta zona montañosa del Condado.
La regulación se ha hecho a instancias de los vecinos del pueblo de San Martín de Galvarín ante la proliferación de visitantes, especialmente vitorianos, durante las temporadas de hongos, sobre todo en primavera y otoño. Como esta pequeña localidad carece de junta administrativa propia ha tenido que ser el pleno del Ayuntamiento del Condado de Treviño el que efectúe todos los trámites, de acuerdo con los residentes de la localidad. Precisamente, hace varios años, uno de los tres vecinos que viven todo el año reclamaba que se prohibiese la recogida en los montes comunales del pueblo.
«Se rastrilla el monte»
«Realmente, la situación es crítica porque se rastrilla literalmente el monte en busca de la llamada 'angula de monte', o sea la 'cantharellus', y en algunos bares había carteles para comprarla. Es decir, se hacía negocio», comentó Benito Ocio, concejal del Ayuntamiento de Treviño, que se ha encargado de llevar adelante y negociar la propuesta.
Ocio aclaró que en un principio no se generalizará la creación de cotos en Treviño, aunque existe una legislación en la comunidad autónoma de Castilla y León de muy fácil aplicación. «Es un caso puntual. Estudiaremos las propuestas cuando nos vengan», añadió el edil.
Un cartel a la entrada del pueblo anuncia la existencia del coto, mientras que la vigilancia del cumplimiento de la normativa estará a cargo de la Guardia Civil y los guardas de monte.
La Diputación alavesa todavía no ha aprobado la ordenanza que regula en el territorio la recogida de setas, una demanda que tiene el consenso de concejos, agricultores y ecologistas además de todas las fuerzas políticas, a causa de las prácticas abusivas. Las Juntas Generales instaron en marzo a redactar la normativa, pero el cambio de gobierno foral la ha retrasado.









