
AEROPUERTOS VASCOS
En la actualidad, Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), el organismo público adscrito al Ministerio de Fomento, gestiona de forma exclusiva las 39 terminales que canalizan el tráfico comercial en España y es propietaria de todas las instalaciones. La gestión se ejecuta bajo un sistema de 'caja única', de toma de decisiones centralizada y de ausencia de competencia entre los aeropuertos. Se trata, defiende el Gobierno central, de una estrategia que permite la «cohesión territorial», dado que los beneficios de las grandes terminales contribuyen a cubrir las pérdidas de aquellas con menos tráfico.
Frente a este sistema, el Gobierno vasco reclama una gestión «descentralizada» en la que puedan tener protagonismo tanto la administración regional como las instituciones locales o las cámaras de comercio, que ya desarrollan labores de promoción de los aeropuertos a través de sociedades como Bilbao Air o VIA (Vitoria International Airport). La intención es tener margen de maniobra desde la propia comunidad en lo que se refiere al diseño de conexiones, horarios, adjudicación de 'slots', inversiones o complementariedad con otros medios de transporte, de manera que se pueda adecuar la gestión de los aeródromos a las necesidades propias de cada entorno. Un ejemplo es la tarifa de aterrizaje que se aplica a las compañías. Aena sólo distingue tres categorías de aeropuertos y en cada una de ellas aplica un precio idéntico. Bilbao, por ejemplo, aplica la misma que Madrid, Barcelona o Sevilla -la más cara-, sin poder utilizar esta variable para atraer más vuelos.
El Ejecutivo de Ibarretxe vio con esperanza en 2004 el anuncio del presidente Zapatero de abrir el sistema a la gestión compartida, pero el crédito parece haberse agotado. «Casi cuatro años después desconocemos aún los planes del Ministerio de Fomento con respecto a los aeropuertos», ha señalado la consejera López de Guereñu, que reafirma su apuesta por un modelo «descentralizado» similar al de los «principales países europeos».
Nuevo debate
En estos años, el Gobierno central ha lanzado mensajes contradictorios. De un lado, ha defendido a capa y espada el modelo actual. De otro, Fomento ha comenzado a negociar con la Generalitat catalana la gestión de aeropuertos secundarios como Girona, Reus y Sabadell.
El Ejecutivo de Vitoria quiere hacer acopio de argumentos antes de reabrir el debate, que necesariamente deberá producirse ya con el nuevo Gobierno que salga de las urnas en marzo. Pretende disponer para mediados de año de las conclusiones de la reflexión estratégica encargada a una empresa privada -con un coste de 173.000 euros-, que vendrá a ratificar sus impresiones. Esto es, que los aeropuertos son una «infraestructura vital» para el «desarrollo económico y social de Euskadi» y que «una gestión eficiente y eficaz» de estas instalaciones «es una condición necesaria para garantizar la competitividad del territorio».
El Gobierno de Lakua se siente respaldado por diferentes estudios técnicos que recomiendan abrir la gestión a autoridades locales. Uno de los más recientes es la tesis doctoral presentada en Deusto por el profesor Álvaro de la Rica, que considera que el sistema actual es «cómodo y tal vez poco eficiente», dado que limita la competencia entre las ciudades y lastra las posibilidades de una región de utilizar estas infraestructuras de transporte para potenciar una determinada estrategia económica, turística o social.







