autopistas
La Diputación admite que falta «claridad» en la regulación del peaje de la A-8
Aralar denuncia una contradicción entre dos normas forales al definir el tramo de pago Iñaki Hidalgo prepara un decreto que estará refrendado por la UE para «cerrar el debate»
POLÉMICA. Vehículos en el peaje de Usansolo, el más cuestionado por los usuarios de la A-8. / JORDI ALEMANY
El diputado de Obras Públicas, Iñaki Hidalgo, reconoció ayer que falta «claridad» en la regulación del peaje de la A-8, uno de los aspectos más polémicos de su política de infraestructuras. Al margen de la batalla legal planteada por el PP, que ha llegado al Tribunal Supremo, las dos normas forales que se refieren al tramo de pago incurren en una contradicción que ha sido denunciada por Aralar en las Juntas Generales. La Diputación asegura que la legalidad del canon está garantizada, aunque «quizá la técnica legislativa no ha sido del todo correcta».
La comisión de Infraestructuras hizo un recorrido por la normativa reguladora del peaje de la autopista desde que la Diputación se hizo cargo de su gestión, en 2003. El trazado es, a veces, sinuoso. Meses antes del traspaso, los partidos políticos participaron en una ponencia sobre accesibilidad. En sus conclusiones, contemplaban el cobro de un canon «en el tramo comprendido entre Erletxe y Ermua», lo que dejaría fuera el trayecto entre Basauri y Erletxe y, por lo tanto, el controvertido peaje de Usansolo.
De aquel debate salieron dos normas forales. Una de ellas, aprobada en diciembre de 2002, fijó el tramo de pago entre Basauri y Ermua, el que se cobra en la actualidad. La otra, de marzo de 2003, eleva al rango de norma foral el acuerdo de la ponencia, con lo que se produce una contradicción que ayer puso de relieve el apoderado de Aralar, Iosu Murgia. El portavoz de EB, José Ferrera, fue más allá y auguró nuevos pleitos. «La legalidad del peaje de El Gallo es, cuando menos, cuestionable», dijo. «Cualquier ciudadano puede presentar una reclamación y la Diputación no está en condiciones de asegurar que no tendrá posibilidades de éxito».
El diputado Iñaki Hidalgo, que encargó un informe jurídico ante la denuncia de Aralar, replicó que lo que prevalecen «no son los debates previos, sino las normas», y que la que regula de forma específica las tarifas es la que fija el recorrido Basauri-Ermua. Además, la de 2003 se refiere en uno de sus apartados al cobro del tramo «que actualmente es objeto de concesión», también con arranque en Basauri. A su juicio, no existe un vacío legal, aunque «hubiera sido deseable una mayor claridad y coordinación» en la redacción de estas normativas. Murgia calificó de «decepcionante» la respuesta y anunció que pedirá la supresión del peaje de Usansolo.
El recorrido, en cualquier caso, no termina aquí. La norma de 2002 que sirve de base para el cobro del canon es precisamente la que anuló el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2006 a instancias del PP, por considerar que las tarifas se extralimitan al contribuir a la financiación de la 'Supersur'. De hecho, está a punto de convertirse definitivamente en papel mojado. Las Juntas aprobaron una nueva Norma Foral de Carreteras el año pasado, aunque no regula los peajes de forma detallada. Las carreteras de pago y sus precios, que serán calculados con arreglo a la directiva europea sobre transportes, deben concretarse en un decreto.
Esta iniciativa, muy esperada, avanza con considerable retraso, tal como ha denunciado el PP. El decreto debería haberse aprobado antes de agosto y la Diputación no le ha puesto fecha, si bien asegura que está «muy avanzado». Hidalgo quiere introducir una cautela. «Vamos a convalidarlo en las instituciones europeas para que le den validez», afirma. De esta forma espera «cerrar el debate» y borrar todo rastro de confusión.
«Despropósitos»
En la práctica no se esperan cambios muy significativos tras el compromiso del diputado general de no implantar más peajes en Vizcaya excepto el de la 'Supersur'. ¿Y suprimirlos? El de Usansolo es el más cuestionado, especialmente desde que se cerró el anillo metropolitano de carreteras, pero la Diputación cuenta con sus ingresos en el plan de financiación de infraestructuras. «Lo estamos valorando, pero es muy complicado. Este año no ha subido, se mantiene en 80 céntimos», apuntó el responsable foral.
«No deben ser los usuarios de la A-8 los que paguen la 'Supersur', ni mucho menos la gente que va al hospital de Galdakao», criticó el apoderado del PP Jesús Isasi, que definió la política foral en esta materia como «un cúmulo de despropósitos». Pese a que su experiencia en el sector público le ha enseñado a «no apostar a ningún caballo» en los temas judiciales, Hidalgo hizo este pronóstico: «Tenemos la certeza casi absoluta de que el Supremo dará la razón a la Diputación» en el pleito de la A-8, ya que la sentencia del Tribunal Superior que dio la razón a los populares es «casi ilegible».
La comisión de Infraestructuras hizo un recorrido por la normativa reguladora del peaje de la autopista desde que la Diputación se hizo cargo de su gestión, en 2003. El trazado es, a veces, sinuoso. Meses antes del traspaso, los partidos políticos participaron en una ponencia sobre accesibilidad. En sus conclusiones, contemplaban el cobro de un canon «en el tramo comprendido entre Erletxe y Ermua», lo que dejaría fuera el trayecto entre Basauri y Erletxe y, por lo tanto, el controvertido peaje de Usansolo.
De aquel debate salieron dos normas forales. Una de ellas, aprobada en diciembre de 2002, fijó el tramo de pago entre Basauri y Ermua, el que se cobra en la actualidad. La otra, de marzo de 2003, eleva al rango de norma foral el acuerdo de la ponencia, con lo que se produce una contradicción que ayer puso de relieve el apoderado de Aralar, Iosu Murgia. El portavoz de EB, José Ferrera, fue más allá y auguró nuevos pleitos. «La legalidad del peaje de El Gallo es, cuando menos, cuestionable», dijo. «Cualquier ciudadano puede presentar una reclamación y la Diputación no está en condiciones de asegurar que no tendrá posibilidades de éxito».
El diputado Iñaki Hidalgo, que encargó un informe jurídico ante la denuncia de Aralar, replicó que lo que prevalecen «no son los debates previos, sino las normas», y que la que regula de forma específica las tarifas es la que fija el recorrido Basauri-Ermua. Además, la de 2003 se refiere en uno de sus apartados al cobro del tramo «que actualmente es objeto de concesión», también con arranque en Basauri. A su juicio, no existe un vacío legal, aunque «hubiera sido deseable una mayor claridad y coordinación» en la redacción de estas normativas. Murgia calificó de «decepcionante» la respuesta y anunció que pedirá la supresión del peaje de Usansolo.
El recorrido, en cualquier caso, no termina aquí. La norma de 2002 que sirve de base para el cobro del canon es precisamente la que anuló el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2006 a instancias del PP, por considerar que las tarifas se extralimitan al contribuir a la financiación de la 'Supersur'. De hecho, está a punto de convertirse definitivamente en papel mojado. Las Juntas aprobaron una nueva Norma Foral de Carreteras el año pasado, aunque no regula los peajes de forma detallada. Las carreteras de pago y sus precios, que serán calculados con arreglo a la directiva europea sobre transportes, deben concretarse en un decreto.
Esta iniciativa, muy esperada, avanza con considerable retraso, tal como ha denunciado el PP. El decreto debería haberse aprobado antes de agosto y la Diputación no le ha puesto fecha, si bien asegura que está «muy avanzado». Hidalgo quiere introducir una cautela. «Vamos a convalidarlo en las instituciones europeas para que le den validez», afirma. De esta forma espera «cerrar el debate» y borrar todo rastro de confusión.
«Despropósitos»
En la práctica no se esperan cambios muy significativos tras el compromiso del diputado general de no implantar más peajes en Vizcaya excepto el de la 'Supersur'. ¿Y suprimirlos? El de Usansolo es el más cuestionado, especialmente desde que se cerró el anillo metropolitano de carreteras, pero la Diputación cuenta con sus ingresos en el plan de financiación de infraestructuras. «Lo estamos valorando, pero es muy complicado. Este año no ha subido, se mantiene en 80 céntimos», apuntó el responsable foral.
«No deben ser los usuarios de la A-8 los que paguen la 'Supersur', ni mucho menos la gente que va al hospital de Galdakao», criticó el apoderado del PP Jesús Isasi, que definió la política foral en esta materia como «un cúmulo de despropósitos». Pese a que su experiencia en el sector público le ha enseñado a «no apostar a ningún caballo» en los temas judiciales, Hidalgo hizo este pronóstico: «Tenemos la certeza casi absoluta de que el Supremo dará la razón a la Diputación» en el pleito de la A-8, ya que la sentencia del Tribunal Superior que dio la razón a los populares es «casi ilegible».
