POLÍTICA
Pruebas obtenidas a partir de mayo
16.01.08 -
La Fiscalía defiende que el grueso de las pruebas que sustentarán las previsibles demandas de ilegalización contra los grupos sospechosos de ser tapadera de Batasuna fue obtenido por las fuerzas de seguridad «después de las elecciones municipales» de mayo pasado. ANV pudo concurrir a estos comicios con 133 candidaturas en el País Vasco y Navarra, la mitad de las que presentaba.
La Fiscalía contradice de esa manera las acusaciones del PP, que defiende que ANV y EHAK debían ser ilegales desde antes de las elecciones de mayo. Los conservadores creen que existían pruebas de sobra para ello y que fueron los últimos intentos del Gobierno por salvar el proceso de diálogo con ETA los que hicieron que mirara a otro lado.
Fuentes fiscales sostienen que los indicios fundamentales para probar la conexión entre EHAK, ANV, Batasuna y ETA proceden de los documentos requisados a los 24 miembros de la mesa nacional arrestados en octubre y noviembre a raíz de la redada de Segura, sobre todo a Joseba Permach y Marije Fullaondo; del registro en esos días de la sede de EHAK y de otros inmuebles; y de un estudio exhaustivo y pormenorizado, realizado a partir del verano con la ayuda de Hacienda, del patrimonio y de los movimientos financieros de más de dos centenares de responsables de las distintas formaciones del entorno de ETA. Junto a todo ello, figura el análisis de las transacciones económicas realizadas tras los comicios por cargos públicos de ANV, que podrían financiar parte del funcionamiento clandestino de Batasuna.
La Fiscalía contradice de esa manera las acusaciones del PP, que defiende que ANV y EHAK debían ser ilegales desde antes de las elecciones de mayo. Los conservadores creen que existían pruebas de sobra para ello y que fueron los últimos intentos del Gobierno por salvar el proceso de diálogo con ETA los que hicieron que mirara a otro lado.
Fuentes fiscales sostienen que los indicios fundamentales para probar la conexión entre EHAK, ANV, Batasuna y ETA proceden de los documentos requisados a los 24 miembros de la mesa nacional arrestados en octubre y noviembre a raíz de la redada de Segura, sobre todo a Joseba Permach y Marije Fullaondo; del registro en esos días de la sede de EHAK y de otros inmuebles; y de un estudio exhaustivo y pormenorizado, realizado a partir del verano con la ayuda de Hacienda, del patrimonio y de los movimientos financieros de más de dos centenares de responsables de las distintas formaciones del entorno de ETA. Junto a todo ello, figura el análisis de las transacciones económicas realizadas tras los comicios por cargos públicos de ANV, que podrían financiar parte del funcionamiento clandestino de Batasuna.
