«Entonces, se abrió un plazo de dos meses para recurrir el documento y nadie lo ha hecho, de modo que el reglamento ha adquirido toda su firmeza y validez», aseveró Luis Almansa, portavoz del PSE. Desde aquel pleno, el alcalde ha defendido que el contenido de la normativa es ilegal y, por ello, se ha negado a tramitarla. «De ser así tendría que haberlo denunciado», afirmó Almansa. «Al no hacerlo le ha dado validez, así que podemos exigirle que lo ejecute. Además, no es nadie para decir si es ilegal o no».
Imanol Landa basó su postura en dos informes jurídicos: uno elaborado por el secretario del Ayuntamiento y otro, consultivo, redactado por dos catedráticos en Derecho Administrativo de la UPV. Sin embargo, la oposición afirma que «el alcalde miente, porque esos informes no dicen en ningún momento que el reglamento sea ilegal». La portavoz popular, Marisa Arrúe, defendió ayer que si su reglamento no fuera legal, «el secretario tendría que haber advertido de ello antes de la votación».
Ayer, ambos avisaron por escrito al alcalde de que si no ven publicado el acuerdo de noviembre en el Boletín Oficial durante el próximo mes, «acudiremos a la sala de lo contencioso-administrativo. Lo tenemos todo preparado; solo hay que esperar a que se cumplan los plazos legales», aseguró Almansa. Además, el edil socialista avisa: «De la actitud del alcalde se derivan responsabilidades jurídicas, pero también penales».





