urbanismo
Ordenan el derribo de dos chalés en Castro por invadir suelo rústico
El juez obliga a paralizar también la edificación de otros seis adosados en la misma urbanización
Los adosados se levantan en la zona de La Loma. / PEDRO URRESTI
El pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó ayer por unanimidad el derribo de dos chalés de una urbanización situada en la zona de La Loma, en cumplimiento de una sentencia judicial que dictamina que «invaden suelo rústico». Además, el fallo bloquea la construcción de seis de los ocho adosados proyectados en una tercera fase del complejo residencial. El Consistorio acordó también sancionar a la promotora -Bifamiliares y Adosados Castreños S.L.- con una multa de 14.999 euros por cada una de estas «graves» infracciones urbanísticas debido a la «trascendencia social» de los hechos.
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santander ya anuló hace un año la licencia de construcción de la decena de chalés que iban a formar parte de la tercera fase de la urbanización 'El Cantábrico', situada en La Loma, «por invadir suelo rústico». Un vecino dio la voz de alarma en 2005, pero el Ayuntamiento desestimó su denuncia. El afectado, sin embargo, recurrió dicha resolución apoyándose en un dictamen técnico que avalaba la supuesta ilegalidad en la que incurría la promotora al construir la tercera fase de la urbanización, formada por ochenta chalés, invadiendo el camino de bajada a la pedanía de Mioño.
Un juez dio la razón al vecino, pero el Ayuntamiento recurrió el fallo. Ahora, el magistrado ha ratificado la resolución inicial, que obliga a la demolición de los dos chalés ya construidos -pero no vendidos- de la tercera fase y prohíbe levantar seis de los ocho adosados que había proyectados.
Medidas preventivas
En el pleno de ayer, el PRC calificó de «sorprendente» que «tuviera que ser un vecino el que diera la voz de alarma» y que el Ayuntamiento «no se diera cuenta» de las irregularidades «con el proyecto en la mano». El PSOE, por su parte, solicitó una relación de las denuncias puestas por los residentes «para comprobar qué seguimiento se ha hecho de las mismas, poner medidas y evitar que estas situaciones se repitan».
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, reconoció que la delimitación de los terrenos rústicos y urbanos en esa zona que los técnicos municipales realizaron sobre el papel fue «imprecisa», pero insistió en que «no se puede pedir a los concejales que nos dediquemos a estudiar hasta el más mínimo detalle el trabajo de todos los funcionarios para ver si lo están haciendo bien o no».
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Santander ya anuló hace un año la licencia de construcción de la decena de chalés que iban a formar parte de la tercera fase de la urbanización 'El Cantábrico', situada en La Loma, «por invadir suelo rústico». Un vecino dio la voz de alarma en 2005, pero el Ayuntamiento desestimó su denuncia. El afectado, sin embargo, recurrió dicha resolución apoyándose en un dictamen técnico que avalaba la supuesta ilegalidad en la que incurría la promotora al construir la tercera fase de la urbanización, formada por ochenta chalés, invadiendo el camino de bajada a la pedanía de Mioño.
Un juez dio la razón al vecino, pero el Ayuntamiento recurrió el fallo. Ahora, el magistrado ha ratificado la resolución inicial, que obliga a la demolición de los dos chalés ya construidos -pero no vendidos- de la tercera fase y prohíbe levantar seis de los ocho adosados que había proyectados.
Medidas preventivas
En el pleno de ayer, el PRC calificó de «sorprendente» que «tuviera que ser un vecino el que diera la voz de alarma» y que el Ayuntamiento «no se diera cuenta» de las irregularidades «con el proyecto en la mano». El PSOE, por su parte, solicitó una relación de las denuncias puestas por los residentes «para comprobar qué seguimiento se ha hecho de las mismas, poner medidas y evitar que estas situaciones se repitan».
El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, reconoció que la delimitación de los terrenos rústicos y urbanos en esa zona que los técnicos municipales realizaron sobre el papel fue «imprecisa», pero insistió en que «no se puede pedir a los concejales que nos dediquemos a estudiar hasta el más mínimo detalle el trabajo de todos los funcionarios para ver si lo están haciendo bien o no».
