Aunque el decreto fue remitido el viernes al juzgado, la Policía local y los servicios municipales de Obras y Urbanismo, no está previsto que el desalojo se haga efectivo al menos hasta mañana por motivos burocráticos. Mientras, el alcalde también ha ordenado cortar «todos los suministros» a los residentes y vallar el perímetro del edificio.
Por su parte, los vecinos afectados no dan crédito a la orden de Alcaldía. «Nadie nos ha notificado nada y, desde luego, el edificio no está para tirarlo», aclaraba María Ángeles Santos. Los ocho residentes coinciden en que «nadie» ha ido a revisar el estado del inmueble y critican que antes de derribarlo no les hayan dado la oportunidad de «arreglar» las deficiencias que pudiera presentar. «No vamos a salir», advierten.





