
Sin embargo, esta incineradora podría no ser la única en asentarse en pleno centro del casco urbano. La batalla legal que han librado ambas partes en los últimos cuatro años mantiene aún un frente judicial abierto, y otro juez deberá decidir en breve si anula las restricciones contenidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar la proliferación de este tipo de instalaciones; básicamente, la exigencia de quinientos metros de distancia entre este servicio de pompas fúnebres y cualquier núcleo habitado. Un fallo de nuevo contrario al Ayuntamiento abriría la veda a la construcción de más crematorios en la ciudad.
Este segundo pleito entre Funeraria Bilbaína y la Administración local se remonta a mayo de 2006. Las autoridades municipales intentaron blindar el casco urbano a este tipo de equipamientos, después de que la empresa ya hubiera puesto en manos de la Justicia el veto municipal a su iniciativa de la Plaza del Gas. Urbanismo, la concejalía que dirige Julia Madrazo, incluyó una norma en el PGOU que obligaba a situar los hornos al menos a medio kilómetro de áreas habitadas.
Tras agotar la vía administrativa -Urbanismo no admitió sus alegaciones-, la compañía de pompas fúnebres recurrió también el planeamiento municipal ante la Justicia. Lo hizo el pasado otoño y, según ha podido saber este diario, el caso está ya «visto para sentencia». La funeraria, que ha visto hace unos días satisfechas sus pretensiones gracias a la causa paralela que mantenía en el Tribunal Superior, no puede desistir ya en su recurso contra el Plan General. Paradójicamente, si el juez falla a favor de la empresa, las consecuencias serían negativas tanto para el Consistorio como para sus propios intereses, ya que abriría la puerta a posibles competidores, que quedarían autorizados a instalar nuevos crematorios en la ciudad.
La edil Julia Madrazo quiso ayer llamar la atención sobre las consecuencias legales que podría acarrear la pérdida de este segundo litigio por parte del Ayuntamiento. «Veremos a ver qué pasa con el PGOU, que está recurrido», apuntó con preocupación.
La concejal de Ezker Batua compareció ante los medios de comunicación para hablar por primera vez desde que se conociera que Funeraria Bilbaína podrá poner en marcha su crematorio de la Plaza del Gas. «Es una auténtica decepción», se sinceró con los periodistas. Para la responsable de Urbanismo la sentencia del TSJPV «no es un tema muy claro», ya que, según recordó, «la primera instancia la ganamos nosotros». La edil recalcó que el Ayuntamiento «defendía una reivindicación vecinal» y que, como tal, «puso todos los impedimentos posibles, desde la legalidad y la técnica a su alcance» para evitar que se materializase el polémico proyecto.
A juicio de Madrazo, es «obvio» que la puesta en marcha de unas instalaciones de este tipo tendrá un «impacto visual, urbanístico y medioambiental. Somos conscientes de ello», dijo. En este sentido, dijo que el Consistorio velará y será «absolutamente escrupuloso» en el control de las emisiones y las molestias que pueda generar la actividad de la empresa de pompas fúnebres.
Sobre la posibilidad de negociar con la empresa funeraria para que desista de su proyecto, Madrazo señaló que «no es nuestro estilo». «Nosotros nos dedicamos a los expedientes y exigiremos que se apliquen con rigor y garantía todas las medidas protectoras», advirtió.
Comparecencia urgente
Los partidos de la oposición también salieron ayer a la palestra para valorar tanto la decisión judicial como la actuación de los responsables municipales en el caso. El portavoz del PP, Antonio Basagoiti, anunció que su formación solicitará «en los próximos días» la comparecencia urgente de Julia Madrazo, al considerar que «no ha hecho todo lo que podía, sino que sólo se ha lavado las manos».
El PSE, por su parte, destacó que «lo más importante es que el Ayuntamiento apoye a los residentes en la zona y trate de llegar a un acuerdo amistoso con la funeraria; esto permitiría salvar la situación», aseguró su portavoz, Txema Oleaga. La posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial no es algo nuevo para ambas partes. En 1998, el Consistorio pagó 1,5 millones y cedió los terrenos de la Plaza del Gas, a cambio de que la empresa no se querellara contra el equipo de gobierno por negarse a autorizar un tanatorio en el solar que ocupaba un restaurante de Begoña.





