
El demandante, la empresa Gestión Urbanística Álava 2000, quiere que la juez anule la resolución municipal que le impidió adquirir esos terreros, de 1.500 metros cuadrados, uno de los cinco que componen el estratégico espacio.
Ese solar, junto a un segundo, fue ofertado por el anterior equipo de gobierno, del PP. El Gabinete de Alfonso Alonso quería que acogieran un hotel y oficinas, y frenar así la posibilidad de que la plaza, de 33.000 metros cuadrados, albergara el equipamiento para congresos, deseado por el PSE y el PNV. Sin embargo, tiempo después, y con la Alcaldía ya renovada tras las elecciones del 27-M, la mesa de contratación del Ayuntamiento -el órgano encargado de gestionar los concursos públicos de la institución- aguó las intenciones populares al declarar desierto el proceso de venta. Para ello siguió las recomendaciones recogidas en los informes de los técnicos. Según esos documentos, las propuestas «no se adecuaban al planeamiento».
Una de las dos empresas afectadas, Gestión Urbanística Álava 2000, mostró desde el primer momento su absoluto desacuerdo con la decisión, al alegar que los argumentos empleados para no adjudicarle el terreno «no se tenían en pie». La firma tenía previsto levantar en la zona una torre de nueve plantas y 5.064 metros cuadrados para despachos, entre el futuro Palacio de Congresos y la estación intermodal.
Una «alcaldada»
El pasado agosto, la promotora presentó un recurso de reposición ante el Ayuntamiento contra el fallo, una vía amistosa para tratar de zanjar el conflicto. El Consistorio se mantuvo en sus trece, lo que ha motivado que acudiera ahora a los tribunales.
«Hemos trabajado duro para sacar adelante este proyecto y vamos a seguir luchando por él y por nuestros derechos como empresarios, por encima de lo que consideramos una alcaldada», explicó a EL CORREO José Miguel Aguirre, uno de los responsables de la compañía.
El promotor expresó sus temores a que la puesta en marcha del plan para edificar el Palacio de Congresos «borre la parcela del mapa». «Sabemos que para ejecutarlo el Ayuntamiento debe hacer modificaciones, por lo que vamos a estar ojo avizor para que no desaparezca el solar», agregó.
Aguirre no descató emprender, además, acciones penales contra el Ayuntamiento por el mismo caso. «Según nuestros abogados, puede haber indicios penales de una presunta prevaricación urbanística y no descartamos ir más allá», señaló.









