La ocupación del inmueble se llevó a cabo antes del verano de 2006. El antiguo propietario de la vivienda, situada en el número veinte de la calle Goikotorre, falleció y ésta quedó vacía hasta nueva orden. Fue entonces cuando la familia decidió entrar a vivir en la casa. «Todavía no sabemos cómo se enteraron de que el dueño ya no estaba», reconocieron fuentes del Ayuntamiento. En una de las inspecciones rutinarias que realiza Viviendas Municipales para comprobar el estado del parque inmobiliario de la sociedad, los técnicos se toparon con el piso ocupado, por lo que se procedió a poner la correspondiente denuncia. La sentencia judicial que permitía el desalojo de la vivienda no se emitió hasta julio del pasado año. «Tuvimos muchos problemas con los 'okupas' porque no recogían las citaciones», explican desde Urbanismo y Medio Ambiente. No obstante, al darse a conocer el fallo la familia optó por recurrir, pero el juez no admitió a trámite el recurso al comprobar que se trataba de una situación «ilegal».
Vecinos del edificio de Goikotorre denunciaron los hechos en varias ocasiones e incluso acusaron a Viviendas Municipales de mirar hacia otro lado. «Llevamos dos años sufriendo a estas personas sin que nadie haga nada», criticaron. Desde Urbanismo y Medio Ambiente replicaron que la demora ha sido debida «a una excesiva lentitud por parte de la Justicia».
El desalojo se materializó finalmente ayer por la mañana «sin ningún tipo de problema», aseguraron. La Policía Local expulsó del inmueble a los 'okupas' que se encontraban en ese momento en la vivienda, una mujer y un hombre, suegra y yerno, respectivamente.





