SUCEDIÓ EN LA COMARCA DEL DEBA EN... 1980
El Gobierno Civil anulaba varios acuerdos del Ayuntamiento de Eibar
04.02.08 -
En pocos meses se desautorizaron tres acuerdos municipales.
El desencuentro entre el Gobierno Civil de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Eibar era absoluto en 1980, tal y como quedó corroborado con el tira y afloja entre ambas instituciones, que caminaban por senderos bien distintos. El Correo se hacía eco el 21 de junio de aquel año de la nueva desautorización del organismo local a través de la institución provincial, concretada en la anulación de sendos acuerdos corporativos.
El primero de ellos tenía que ver con el repudio municipal a la actuación de las Fuerzas de Orden Público un mes antes, durante una manifestación. La respuesta del Gobierno Civil fue que los ayuntamientos eran «legalmente incompetentes» en cuestiones de orden público, y que por lo tanto carecían de «atribuciones» en esa materia.
El segundo punto que originó desavenencias tuvo que ver con la pretendida desgravación de impuestos a los rótulos en euskera en los comercios eibarreses. El gobernador civil indicó que el Ayuntamiento no estaba legitimado para ese tipo de acuerdos, que tan sólo eran competencia de Hacienda. Además, fue tildado de «inconstitucional», argumentando criterios discriminatorios respecto «a la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos».
«Exceso de celo»
En una rueda de prensa, los partidos políticos representados en el consistorio eibarrés explicaron que no entendían tal lectura, pues el acuerdo fue adoptado de forma unánime con el objetivo único de «llevar a la práctica el bilingüismo». También dedujeron, por ello, que el gobernador civil no había entendido «el sentido del acuerdo» o bien había por su parte «un exceso de celo».
Claro que, quien hizo la ley hizo la trampa, se pensaba desde el órgano municipal, puesto que la solución podría llegar a través del cobro de las tasas correspondientes, que sin embargo luego serían devueltas mediante el establecimiento de «una bonificación de la misma cuantía», de manera que no tendrían que abonar, a la postre, cantidad alguna.
El primero de ellos tenía que ver con el repudio municipal a la actuación de las Fuerzas de Orden Público un mes antes, durante una manifestación. La respuesta del Gobierno Civil fue que los ayuntamientos eran «legalmente incompetentes» en cuestiones de orden público, y que por lo tanto carecían de «atribuciones» en esa materia.
El segundo punto que originó desavenencias tuvo que ver con la pretendida desgravación de impuestos a los rótulos en euskera en los comercios eibarreses. El gobernador civil indicó que el Ayuntamiento no estaba legitimado para ese tipo de acuerdos, que tan sólo eran competencia de Hacienda. Además, fue tildado de «inconstitucional», argumentando criterios discriminatorios respecto «a la igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos».
«Exceso de celo»
En una rueda de prensa, los partidos políticos representados en el consistorio eibarrés explicaron que no entendían tal lectura, pues el acuerdo fue adoptado de forma unánime con el objetivo único de «llevar a la práctica el bilingüismo». También dedujeron, por ello, que el gobernador civil no había entendido «el sentido del acuerdo» o bien había por su parte «un exceso de celo».
Claro que, quien hizo la ley hizo la trampa, se pensaba desde el órgano municipal, puesto que la solución podría llegar a través del cobro de las tasas correspondientes, que sin embargo luego serían devueltas mediante el establecimiento de «una bonificación de la misma cuantía», de manera que no tendrían que abonar, a la postre, cantidad alguna.
