
«Nos han preguntado muchas veces ya si vamos a poner o no una denuncia si los datos apoyan nuestra reivindicación, pero aún no se ha decidido nada -explicó ayer Javier Muñoz, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Bilbao-. Precisamente, la reunión de hoy es para explicar a la gente las opciones que hay y para sondear qué es lo que piensan, porque, claro, todo lo que hacemos tiene un coste económico y luego habrá que tomar una decisión».
Consuelo Elosua, portavoz de Lur Maitea, tiene claro que su grupo está ahí «para ayudar y asesorar jurídicamente a los vecinos en lo que les haga falta, pero la última palabra la tendrán ellos». De iniciarse acciones legales, lo primero sería determinar quién es el «culpable» de la situación, «algo bastante complicado en este caso». Por un lado, según Elosua, está la Diputación, como titular del viaducto -en la parte que no toca el suelo-; pero, por otro, se encuentra el Ayuntamiento, que «debe garantizar los derechos fundamentales de los vecinos, como la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado y se puede faltar a estos derechos por acción u omisión».
¿Posibilidades de que una hipotética batalla legal acabara favoreciendo a los vecinos? «Tenemos como ejemplo a un residente en Doctor Areilza que denunció al Ayuntamiento porque una máquina de limpieza le molestaba con su ruido y el Supremo le ha dado la razón, ya que los decibelios registrados superaban el límite legal. Ahora le tienen que pagar 10.000 euros. Es un caso distinto, pero se ve que el ruido ya se contempla jurídicamente como un problema».





