FISCALIDAD
Las diputaciones rectifican y aceptan ahora adaptar la tarifa del IRPF a la inflación
Un acuerdo entre las direcciones del PNV y el PSE va a permitir que los tramos del impuesto se deflacten en un porcentaje próximo al 2%
CONSEJO VASCO DE FINANZAS. El diputado general de Guipúzcoa, Markel Olano, entrega un papel a Idoia Zenarruzabeitia. / BLANCA CASTILLO
Adaptar a la inflación las tablas del Impuesto sobre la Renta era considerado hace tan sólo diez días como algo innecesario por las diputaciones forales, que ya habían adoptado la firme decisión de no modificarlas, lo que de facto suponía una subida encubierta del IRPF. Incluso, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, llegó a afirmar en un acto público que quienes pedían una reconsideración de esa medida -todos los sindicatos, la oposición y hasta sus socios de EB- pretendían «laminar» el autogobierno. El pasado miércoles, las haciendas vascas comenzaron a ablandar su posición para abrir la puerta a una futura revisión de las escalas del tributo. Ayer, definitivamente, todo cambió de color. La revisión se hará en las próximas semanas y la tarifa se deflactará en torno a un 2%, la previsión oficial del Índice de Precios al Consumo
(IPC) para el presente ejercicio.
Un acuerdo alcanzado por las direcciones del PNV y el PSE-EE hará posible este cambio de rumbo. Así lo anunciaron ayer los socialistas, la Diputación de Álava y la de Vizcaya. El PSE se felicitó por la posibilidad de rectificar una iniciativa que dañaba al mantenimiento del poder adquisitivo de miles salarios y pensiones. «Este principio de acuerdo -apuntó el líder del partido en Álava, Txarli Prieto- supone una buena noticia para las economías domésticas y para ayudar a la mejor situación económica del País Vasco».
Marcha atrás
Los nacionalistas han reconsiderado su negativa inicial a adaptar la tarifa, acuciados por un escenario preelectoral en el que encajaba muy mal una medida legal, pero poco defendible ante los ciudadanos, y también por el temor a recibir un serio correctivo en las respectivas Juntas Generales. Todas las fuerzas de la oposición en los parlamentos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa habían anunciado la presentación de proposiciones de norma para obligar a las diputaciones a adaptar las tarifas del IRPF a la inflación. Y en los casos alavés y guipuzcoano se daba como prácticamente seguro que los gobiernos de los peneuvistas Xabier Agirre y Markel Olano se iban a ver obligados por la fuerza de los votos a deflactar las tablas. En la Diputación de Guipúzcoa todavía existía ayer una enorme desorientación, ya que ni su máximo responsable ni los rectores de la Hacienda foral -en manos de Eusko Alkartasuna- parecían tener noticias sobre el entendimiento entre el PNV y el PSE.
Todo hace prever que los trabajadores por cuenta ajena y los pensionistas comenzarán a notar los efectos positivos de la medida cuando cobren la nómina de abril o, a lo sumo, de mayo. Dependerá, por tanto, del ritmo que los gestores de la Hacienda vasca quieran imprimir al proceso hasta aprobar la norma que haga posible la adaptación. La mayoría de los contribuyentes y jubilados sufre ya, desde que cobraron la paga de enero, un incremento encubierto de la presión fiscal al haber saltado de escala -al menos en un punto porcentual- en las retenciones que mensualmente practica el fisco.
Ajuste parcial
En un comunicado de los socialistas alaveses se desvelaba que los criterios del acuerdo «consisten en deflactar con una cifra de referencia de la inflación prevista» para el presente año», que se sitúa en el 2%. No será, por tanto, una adaptación completa -el IPC real del pasado ejercicio fue del 4,2%- lo que supondrá que habrá alguna pérdida de poder adquisitivo. Ése ha sido también el porcentaje utilizado como referencia por la Administración central para adaptar su IRPF y las retenciones desde el pasado 1 de enero.
El acuerdo entre el PNV y PSE incluye asimismo el compromiso de cumplir una liturgia que respete las responsabilidades institucionales ligadas a un asunto como éste. Así, la adaptación del impuesto y el alcance económico de la medida será definido oficialmente por el Órgano de Coordinación Tributaria, estamento en el que están presentes las diputaciones. Ayer mismo, el Gobierno foral alavés admitía en un comunicado su compromiso de llevar la propuesta de adaptación a este organismo, al tiempo que argumentaba que «la evolución de la realidad económica en los últimos meses y especialmente la del IPC exige, desde la sensibilidad social de la Diputación foral alavesa, proceder a una reflexión de la situación generada y de sus consecuencias, adoptando las decisiones que procedan para corregir los posibles desequilibrios en las economías personales».
(IPC) para el presente ejercicio.
Un acuerdo alcanzado por las direcciones del PNV y el PSE-EE hará posible este cambio de rumbo. Así lo anunciaron ayer los socialistas, la Diputación de Álava y la de Vizcaya. El PSE se felicitó por la posibilidad de rectificar una iniciativa que dañaba al mantenimiento del poder adquisitivo de miles salarios y pensiones. «Este principio de acuerdo -apuntó el líder del partido en Álava, Txarli Prieto- supone una buena noticia para las economías domésticas y para ayudar a la mejor situación económica del País Vasco».
Marcha atrás
Los nacionalistas han reconsiderado su negativa inicial a adaptar la tarifa, acuciados por un escenario preelectoral en el que encajaba muy mal una medida legal, pero poco defendible ante los ciudadanos, y también por el temor a recibir un serio correctivo en las respectivas Juntas Generales. Todas las fuerzas de la oposición en los parlamentos de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa habían anunciado la presentación de proposiciones de norma para obligar a las diputaciones a adaptar las tarifas del IRPF a la inflación. Y en los casos alavés y guipuzcoano se daba como prácticamente seguro que los gobiernos de los peneuvistas Xabier Agirre y Markel Olano se iban a ver obligados por la fuerza de los votos a deflactar las tablas. En la Diputación de Guipúzcoa todavía existía ayer una enorme desorientación, ya que ni su máximo responsable ni los rectores de la Hacienda foral -en manos de Eusko Alkartasuna- parecían tener noticias sobre el entendimiento entre el PNV y el PSE.
Todo hace prever que los trabajadores por cuenta ajena y los pensionistas comenzarán a notar los efectos positivos de la medida cuando cobren la nómina de abril o, a lo sumo, de mayo. Dependerá, por tanto, del ritmo que los gestores de la Hacienda vasca quieran imprimir al proceso hasta aprobar la norma que haga posible la adaptación. La mayoría de los contribuyentes y jubilados sufre ya, desde que cobraron la paga de enero, un incremento encubierto de la presión fiscal al haber saltado de escala -al menos en un punto porcentual- en las retenciones que mensualmente practica el fisco.
Ajuste parcial
En un comunicado de los socialistas alaveses se desvelaba que los criterios del acuerdo «consisten en deflactar con una cifra de referencia de la inflación prevista» para el presente año», que se sitúa en el 2%. No será, por tanto, una adaptación completa -el IPC real del pasado ejercicio fue del 4,2%- lo que supondrá que habrá alguna pérdida de poder adquisitivo. Ése ha sido también el porcentaje utilizado como referencia por la Administración central para adaptar su IRPF y las retenciones desde el pasado 1 de enero.
El acuerdo entre el PNV y PSE incluye asimismo el compromiso de cumplir una liturgia que respete las responsabilidades institucionales ligadas a un asunto como éste. Así, la adaptación del impuesto y el alcance económico de la medida será definido oficialmente por el Órgano de Coordinación Tributaria, estamento en el que están presentes las diputaciones. Ayer mismo, el Gobierno foral alavés admitía en un comunicado su compromiso de llevar la propuesta de adaptación a este organismo, al tiempo que argumentaba que «la evolución de la realidad económica en los últimos meses y especialmente la del IPC exige, desde la sensibilidad social de la Diputación foral alavesa, proceder a una reflexión de la situación generada y de sus consecuencias, adoptando las decisiones que procedan para corregir los posibles desequilibrios en las economías personales».
