ÁLAVA
Conversaciones telefónicas delatan a dos imputados que habían negado conocerse
El empresario riojano encausado por intentar sobornar al concejal de EA les acusó de ser los cerebros de la trama
17.02.08 -
LAGUARDIA. Parte de los terrenos donde se quería levantar el polémico golf. / EDUARDO ARGOTE
Las pesquisas abiertas para esclarecer el intento de soborno al concejal de EA de Laguardia para que apoyara la construcción del frustrado golf se han saldado de momento con tres imputados. El primero y principal, el agente inmobiliario Gregorio O., acusó a su vez a dos empresarios vitivinícolas de ser los cerebros de la trama. Ambos se apresuraron a declarar que no se conocían entre ellos, y tampoco a Gregorio. Pero el cruce de llamadas de sus móviles les ha delatado, según se recoge en el sumario. Una rueda de reconocimiento con distintos testigos, prevista para mañana en el Palacio de Justicia de Vitoria, ayudará a concretar más las relaciones que mantenían los tres.
Se trata de una las pruebas con que cuenta la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alavesa, que investiga desde finales del año pasado un supuesto delito de cohecho -intento de soborno a un cargo público-. El caso lo destapó el edil nacionalista Gregorio López, quien denunció al agente inmobiliario por intentar comprar su voto con 90.000 euros -tenía de margen hasta 120.000- para que apoyara el proyecto del campo de golf con 320 viviendas defendido por el PP, casi el triple de las casas que preveía el plan modificadpo por el nuevo gobierno local del PNV. Ambos grupos tienen cuatro concejales. El voto del edil de EA rompía el empate.
Cuando Gregorio O. fue detenido, tras ser grabado en pleno intento de soborno, apuntó a otras dos personas: el vecino de Laguardia Jesús María C. y Mario B., residente en la localidad riojana de Alberite. Según su testimonio, ellos fueron los instigadores de la operación.
Caso Malaya
En esas grabaciones también se recoge otro dato sorprendente. En su última conversación, detallada en el sumario, el principal imputado del caso le cuenta al concejal de EA cómo huyó de Marbella apenas tres meses antes de estallar el caso Malaya. Al parecer, Gregorio O. trabajó como alto cargo para la empresa Aifos, uno de los negocios inmobiliarios más importantes de la Costa del Sol y la principal empresa implicada en la operación. Aifos pagó al ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca -en prisión-, 3,4 millones de euros por la firma y ratificación de distintos convenios.
El alcance del intento de soborno en el Ayuntamiento de Laguardia, que ha terminado con el proyecto en el cajón, está aún por ver. De entrada todos los partidos políticos han retirado su apoyo al plan. Hasta tal punto de que el PNV, que gobierna Laguardia gracias al apoyo de EA, estudia la posibilidad de desterrar totalmente el golf y volver a recalificar el millón de metros cuadrados destinados a este complejo para devolverlos a su catalogación de rústicos. La alcaldesa ha encargado ya un informe jurídico al respecto. Necesita, además, la aprobación de todos los agricultores con parcelas en la zona.
A 20 kilómetros, otro campo de golf es objeto de atención. El Fiscal ha abierto una investigación sobre el proyecto de Labastida, que contempla 750 viviendas. No hay denuncias ni imputados.
Se trata de una las pruebas con que cuenta la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital alavesa, que investiga desde finales del año pasado un supuesto delito de cohecho -intento de soborno a un cargo público-. El caso lo destapó el edil nacionalista Gregorio López, quien denunció al agente inmobiliario por intentar comprar su voto con 90.000 euros -tenía de margen hasta 120.000- para que apoyara el proyecto del campo de golf con 320 viviendas defendido por el PP, casi el triple de las casas que preveía el plan modificadpo por el nuevo gobierno local del PNV. Ambos grupos tienen cuatro concejales. El voto del edil de EA rompía el empate.
Cuando Gregorio O. fue detenido, tras ser grabado en pleno intento de soborno, apuntó a otras dos personas: el vecino de Laguardia Jesús María C. y Mario B., residente en la localidad riojana de Alberite. Según su testimonio, ellos fueron los instigadores de la operación.
Caso Malaya
En esas grabaciones también se recoge otro dato sorprendente. En su última conversación, detallada en el sumario, el principal imputado del caso le cuenta al concejal de EA cómo huyó de Marbella apenas tres meses antes de estallar el caso Malaya. Al parecer, Gregorio O. trabajó como alto cargo para la empresa Aifos, uno de los negocios inmobiliarios más importantes de la Costa del Sol y la principal empresa implicada en la operación. Aifos pagó al ex asesor urbanístico municipal Juan Antonio Roca -en prisión-, 3,4 millones de euros por la firma y ratificación de distintos convenios.
El alcance del intento de soborno en el Ayuntamiento de Laguardia, que ha terminado con el proyecto en el cajón, está aún por ver. De entrada todos los partidos políticos han retirado su apoyo al plan. Hasta tal punto de que el PNV, que gobierna Laguardia gracias al apoyo de EA, estudia la posibilidad de desterrar totalmente el golf y volver a recalificar el millón de metros cuadrados destinados a este complejo para devolverlos a su catalogación de rústicos. La alcaldesa ha encargado ya un informe jurídico al respecto. Necesita, además, la aprobación de todos los agricultores con parcelas en la zona.
A 20 kilómetros, otro campo de golf es objeto de atención. El Fiscal ha abierto una investigación sobre el proyecto de Labastida, que contempla 750 viviendas. No hay denuncias ni imputados.
