
La moción de ANV, que rechazaba la colaboración con el Gobierno de Madrid, reclamaba la no construcción de «macrocárceles» como la prevista, una política penitenciaria propia y el cierre de centros como Nanclares. Por su parte, Eusko Alkartasuna, socio del tripartito foral, rechazaba concretamente el proyecto de Zaballa -un antiguo polvorín militar de Iruña de Oca-, pedía unidades y recursos sociales para la población reclusa femenina y exigía la transferencia de las competencias sobre prisiones.
El portavoz de EA, Patxi Martínez de Albéniz, fue especialmente duro al considerar que se habían diseñado nuevos centros penitenciarios sin consultar ni informar al Departamento de Justicia del Gobierno vasco.
Por parte socialista, la juntera Eva Jiménez aprovechó la explicación de voto para arremeter contra EA por su «hipocresía porque exige las transferencias pero no ejercita las que ya tiene».
Para el PNV, la construcción de un nuevo centro penitenciario es «imprescindible si no queremos asistir a una catástrofe ante el aumento de reclusos», advirtió María Jesús Aguirre, que se sumó a la iniciativa de EA.









