
EL INMUEBLE
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En febrero de 2007, el anterior equipo de gobierno, del PP, firmó un contrato de arrendamiento con el propietario de la lonja, el empresario y ex presidente del Alavés Gonzalo Antón, por un período de veinte años. ¿Su propósito? Trasladar allí las oficinas centrales de atención ciudadana, ubicadas en los bajos de la plaza de España. No obstante, y pese a que el Gabinete Alonso situó en el pasado septiembre la fecha para culminar la mudanza, lo cierto es que la bajera de la calle San Antonio sigue vacía.
Tras el cambio de gobierno municipal, el alcalde paralizó el traslado. Y es que su proyecto para levantar en San Martín las nuevas oficinas municipales, que cuenta con el apoyo del PNV, chocaba con los planes de su predecesor.
12.900 euros de renta
Entretanto, y mientras el Gabinete Lazcoz termina de madurar su idea de destinarlo a acoger el Departamento de Intervención Social -ahora en el número 30 de la calle San Prudencio-, el Ayuntamiento hace frente desde marzo pasado al pago de 12.900 euros mensuales. No sólo eso. El documento firmado entonces entre el Consistorio y el dueño de la lonja estipula que en caso de ruptura del acuerdo, el Ayuntamiento debería indemnizar al propietario. El contrato establece, además, incrementos anuales de hasta el IPC más el 9%, con lo que el desembolso en 20 años rebasará los siete millones de euros.
Así las cosas, fuentes municipales confirmaron ayer a EL CORREO que el equipo de gobierno «está trabajando ya en la forma de abordar» la mudanza del Departamento de Intervención Social al local de la calle San Antonio. «Existe una partida reservada para ello, así que el traslado es un hecho. Pero Intervención Social debe coordinarse con Urbanismo y Policía Local -por cuestiones de seguridad- para decidir cómo se hará la reforma de la lonja», explicaron los medios consultados.









