VIZCAYA
Un juez urge al Gobierno vasco a medir cómo afectó el lindane de Barakaldo
20.02.08 -
El Gobierno vasco tendrá finalmente que realizar un estudio epidemiológico para determinar la influencia que pudo tener sobre los baracaldeses el almacenamiento «clandestino» de lindane que la sociedad pública Ihobe mantuvo en los terrenos que hoy ocupa el BEC. El Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad fabril ya instó a realizar el análisis a finales de 2007, pero el Ejecutivo respondió que no era de su competencia. El juez, sin embargo, obliga en su última providencia al Servicio Vasco de Peritaciones a designar un experto para las pruebas «bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial».
El juez se dirige al Gobierno vasco a instancias de la Audiencia Provincial, que en su último auto apreciaba «indicios racionales de criminalidad» en el acopio del pesticida y solicitaba un análisis para determinar sus consecuencias sobre la población. Según justificaba el documento en septiembre, Ihobe gestionó entre 1995 y 2002 los residuos almacenados junto a la autopista y mantuvo operativa durante dos años una fábrica que transformó casi 5.000 toneladas de lindane puro en triclorobenceno. La sociedad pública, además, realizó vertidos tóxicos al río Galindo «sin que mediara permiso alguno».
El juzgado ha respaldado con su última providencia las tesis de la asociación ecologista Lur Maitea, que ya en 2001 denunció el caso. «Es la primera vez que un magistrado obliga a las instituciones vascas a pagar un estudio epidemiológico», celebraba ayer la portavoz del colectivo, Consuelo Elosua, quien lamentó que Euskadi sea «la única comunidad autónoma que nunca ha efectuado» análisis de este tipo, «pese al índice de suelos contaminados que acumula».
Antes del verano
Las pruebas, según desveló Elosua, se realizarán «posiblemente antes del verano», aunque aún no se ha determinado dónde ni de qué forma. «Vamos a pedir que se analice al máximo número de personas y en un radio de dos kilómetros, lo que abarca casi todo el casco urbano de Barakaldo e instalaciones como el hospital de Cruces», concretó la portavoz ecologista. El Gobierno vasco, por su parte, aseguró ayer no haber recibido aún notificación del requerimiento judicial.
El juez se dirige al Gobierno vasco a instancias de la Audiencia Provincial, que en su último auto apreciaba «indicios racionales de criminalidad» en el acopio del pesticida y solicitaba un análisis para determinar sus consecuencias sobre la población. Según justificaba el documento en septiembre, Ihobe gestionó entre 1995 y 2002 los residuos almacenados junto a la autopista y mantuvo operativa durante dos años una fábrica que transformó casi 5.000 toneladas de lindane puro en triclorobenceno. La sociedad pública, además, realizó vertidos tóxicos al río Galindo «sin que mediara permiso alguno».
El juzgado ha respaldado con su última providencia las tesis de la asociación ecologista Lur Maitea, que ya en 2001 denunció el caso. «Es la primera vez que un magistrado obliga a las instituciones vascas a pagar un estudio epidemiológico», celebraba ayer la portavoz del colectivo, Consuelo Elosua, quien lamentó que Euskadi sea «la única comunidad autónoma que nunca ha efectuado» análisis de este tipo, «pese al índice de suelos contaminados que acumula».
Antes del verano
Las pruebas, según desveló Elosua, se realizarán «posiblemente antes del verano», aunque aún no se ha determinado dónde ni de qué forma. «Vamos a pedir que se analice al máximo número de personas y en un radio de dos kilómetros, lo que abarca casi todo el casco urbano de Barakaldo e instalaciones como el hospital de Cruces», concretó la portavoz ecologista. El Gobierno vasco, por su parte, aseguró ayer no haber recibido aún notificación del requerimiento judicial.
